Por Jaime Ramírez Yáñez
A principios de año circuló –internamente- en las dependencias federales dedicadas a la seguridad y la procuración de justicia un informe sobre la corrupción y la penetración del crimen organizado en las casi mil 660 corporaciones policiacas de todo el país. En el documento se asentaba un dato preocupante: el 60 por ciento de los casi 400 mil elementos de alguna forma u otra colaboraban con las diferentes expresiones delincuenciales.
Por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció la deserción de mil 382 efectivos de 1995 a 2007 del Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), cuyo estado de fuerza está calculado en 5 mil 500 elementos. Del número de soldados que abandonaron el Ejército, no se conoce cuántos se han incorporado a las filas del crimen organizado aunque se sabe que son bastantes.
Hace algún tiempo, el entonces procurado general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar afirmó que los narcotraficantes destinaban aproximadamente el 40 por ciento de sus ingresos a pagar sobornos y comprar autoridades en los tres niveles de gobierno. Todo parece indicar que el índice de “inversión” en seguridad no ha variado.
En los primero días del gobierno de Felipe calderón Hinojosa quedó al totalmente descubierto el daño que la corrupción policiaca le puede hacer al combate contra el crimen organizado.
Como ejemplo baste citar lo que sucedió en Nuevo León donde en los se comprobó que los cuerpos policiacos de los municipios que forman la zona conurbada de Monterrey -San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo-, estaban puestos con los diferentes cárteles de la droga.
Lo mismo pasó en Guerrero en donde de la lucha por el control del puerto de Acapulco –una de las salidas mas viables de droga para las rutas asiáticas- entre los sicarios del Chapo Guzmán y los Zetas del Golfo, contó con el apoyo de la policía estatal y municipal.
Veracruz no fue la excepción en esta guerra en la que participaron asesinos de los cárteles sinaloenses y tamaulipecos para apoderarse de la puerta de la droga mexicana hacia Europa y en el cual se registró una intensa actividades de los policías porteños para dar seguridad a los narcos.
Más al centro de la república, Aguascalientes vivió situaciones inéditas cuando se detectó que elementos policiacos municipales, estatales y agentes ministeriales trabajaban de lleno con los narcotraficantes.
El 4 de abril el procurador de Justicia, Xavier González Fisher, confirmó la detención de cinco policías ministeriales – el comandante Martín Belmares Castillo,los agentes Javier Cortés Menchaca, María Elena Ochoa Alvarado, Javier Arredondo Martínez y Braulio Hernández- por su presunta relación con los hechos en los que fueran asesinados cuatro policías municipales, el 15 de febrero.
Después el 9 de agosto, tras ser perseguidos por elementos de la policía estatal, municipal y ministerial de Aguascalientes, ocho sujetos armados que viajaban en dos camionetas fueron detenidos. De ellos, tres habían sido policías del municipio y durante los interrogatorios confirmaron su pretensión de ejecutar a Filiberto Ramírez, Secretario de Seguridad Pública Municipal.
En Tabasco, la mañana del 6 de marzo, sujetos desconocidos atentaron contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el general Francisco Fernández Solís, quien resultó herido, su chofer José de la Luz Pérez Mayo falleció.
En las investigaciones del atentando se pudo establecer que los autores intelectuales del hecho eran los ex mandos policiacos estatales, Juan Cano Torres, Fernando Santiago Rodríguez y David Sánchez Alejandro, todos miembros de una organización criminal autodenominada como La Hermandad.
En el tema de la corrupción policiaca Jalisco tampoco es la excepción. Durante la primera semana de agosto sucedieron varias ejecuciones relacionadas con exagentes judiciales estatales que habían pertenecido a grupos delincuenciales internos de la Procuraduría de Justicia estatal. Así lo reconoció el titular de la dependencia Tomás Coronado Olmos quien se comprometió a terminar con estas hermandades.
La realidad es que desde hace 15 años, estos grupos han subsistido y son, de facto, el poder real en esa institución.
