Por Hugo Luna
El tema de la inseguridad pública no es exclusivo de Jalisco, Nuevo León o Michoacán; es una asignatura de carácter nacional, anualmente nuestro país gasta 120 mil millones de dólares, lo que equivale al 15 por ciento del producto Interno Bruto (PIB).
Para que se de una idea de lo que le estoy platicando, estas cifras superan la producción anual del sector agropecuario, minero, de la construcción y la generación de energía eléctrica, gas y agua, actividades que aportan más de 12 por ciento del PIB.
Este problema de la inseguridad afecta la competitividad general de la economía, pues obliga a realizar ajustes en la distribución de los presupuestos al gobierno, al sector privado y a nuestras familias.
Es decir, genera el aumento de los recursos económicos destinados a la seguridad, este costo también obliga a descuidar los presupuestos en salud, educación y combate a la pobreza.
Pero también afecta la operación del sector privado, su eficiencia y competitividad, a través del aumento en los costos integrados del resguardo y protección de las instalaciones y bienes materiales, servicios de escoltas para ejecutivos y directivos.
Decenas de familias también invierten en el resguardo y protección de su patrimonio; instalación de alarmas en sus viviendas, sistemas de localización satelital para su coche y todo por mantener a salvo a los suyos y sus bienes.
Así de invisible es el impuesto de la inseguridad pública
