Por Jaime Ramírez Yáñez
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez ya volvió a salir con un cuento viejo. Hace casi diez años, en ocasión de la detención del ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla, el prelado se refirió al tema de los “peces gordos”. Incluso en ese momento Sandoval Íñiguez dijo “la señora confusión” tiene nombre para afirmar que era una “lucha de facciones políticas” el fondo que impedía el esclarecimiento del asesinato de su antecesor.
Hace cuatro días el arzobispo de Guadalajara volvió a la carga. En Nashville, Texas, durante una entrevista concedida a ACI Prensa, afirmó conocer “quién y por qué” fue el autor intelectual del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, pero como siempre —por sistema— evitó dar algún nombre.
Hace diez años el purpurado tapatío lanzó a los medios un sorpresivo llamado en el que afirmó que tenía “nuevas pruebas” del homicidio, consistentes en los testimonios de Marco Enrique Torres —el llamado testigo de Chicago— y de Catalina Rivadeneira, una señora que finalmente se comprobó que padecía de sus facultades mentales.
Ahora la historia se repite. Sólo baste leer la declaración cardenalicia de hace cinco días en tierras estadunidenses: “Tenemos muchas confesiones e investigaciones privadas; hay dos abogados trabajando conmigo desde la muerte del cardenal hace trece años. Sabemos muchas cosas, pero dado que son gente poderosa en la política, no salen a la luz para permitirle saber a la gente quién cometió este terrible acto”.
De igual forma en ese entonces —1997— Sandoval Íñiguez afirmó en conferencia de prensa en la sede del Arzobispado: “Las autoridades sí saben quién mató al cardenal, pero no lo quieren decir”. Ahora con algunos matices Sandoval Íñiguez señala casi lo mismo: “Los políticos que estuvieron involucrados en el tráfico de drogas ordenaron el asesinato, esa es la razón”.
Para rematar, el arzobispo de Guadalajara también sostuvo, en Nashville, que “el Vaticano está muy bien informado de este caso, ya que tengo dos abogados que le dicen al secretario de Estado lo que está sucediendo. El cardenal Bertone, en la Santa Sede en Roma, está muy interesado y me parece que tratará de pedirle al gobierno de México que esto salga a luz”.
En esta “nueva” etapa del asunto Posadas Ocampo, quizá la única diferencia respecto a otras, es que dos personajes que se han valido de este caso para desarrollarse en sus respectivas carreras profesionales —uno abogado y el otro político— a lo largo de estos años, le pusieron un poco de más sal y pimienta a las “revelaciones” cardenalicias.
Fernando Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Sánchez Ortega, ambos afirmaron que son políticos de alto nivel y (los que sigue es la “novedad”) narcotraficantes de Colombia, Bolivia y Perú (¿y los mexicanos ya no?) los responsables del asesinato el 24 de mayo de 1994 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Aun más, el litigante “confirmó” que sigue recibiendo evidencias “con las que se fortalece la línea de investigación que apunta a que los cárteles sudamericanos tenían una relación con políticos mexicanos”. Sólo le faltó agregar que las mafias rusa y serbia también participaron para aumentar el suspenso.
Algunas más de Sánchez Ortega: a Juan Sandoval Íñiguez lo intentaron envenenar en una comida que se efectuó en casa de un funcionario de la PGR; que Guzmán Pérez Peláez, en una ocasión, una camioneta intentó sacarlo de una autopista y que a él —Sánchez Ortega- lo ha amenazado de muerte un “altísimo” funcionario de la PGR.
Pero como ya ha sido la costumbre de estos personajes, ni la “señora confusión” ni los políticos malévolos o las recurrentes amenazas de muerte han tenido nombre.
La realidad es que el tratamiento que han hecho estos declarantes al paso de los años del caso Posadas Ocampo ha sido poco serio y nada responsable. Lo que llama más la atención es que a la luz de los hechos y de las evidencias —las reales y pocas que hay— todas las partes de alguna u otra forma han desviado la atención sobre el verdadero móvil del asesinato del cardenal.
Por una parte, la autoridad formal, representada por las diferentes instancias que creó la PGR para investigar el asunto, siempre se mantuvo en la hipótesis de la confusión.
La otra parte, la de “los agraviados” —por decirlo de alguna forma— se concentraron en la participación de un tercer grupo ejecutor y de pasada, quitarle la responsabilidad en el hecho de uno de los cárteles participantes en la “confusión”, el de los Arellano Félix.
Hasta este punto ninguna de las dos ha mostrado alguna tendencia seria para que se conozca la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad.
