Gilberto Pérez Castillo
Las leyes electorales federal y local fueron reprobadas antes de llegar a la jornada electoral.
Los ciudadanos somos testigos y víctimas de una legislación que no sirve para fortalecer la democracia y que tampoco contribuye a promover los valores democráticos, como los de la equidad y la legalidad.
Los partidos políticos, cuyos legisladores aprobaron las actuales leyes, pronto encontraron la manera de burlarse de las normas que ellos mismos crearon, rompiendo la equidad, violentando la voluntad ciudadana, rebasando los topes de campaña, con lo que generaron una mayor desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.
Las autoridades electorales, en parte por restricciones legales y en parte por tratar de quedar bien con quienes los pusieron ahí, dejan pasar las cosas y hacen como que son arbitros con el simple objetivo de no llegar muy lejos para no enemistarse con nadie, sobre todo con los partidos grandes.
En estas condiciones, independientemente de lo que suceda el domingo 5 de julio y en la etapa postelectoral, podemos asegurar que las actuales han sido unas de las peores legislaciones electorales en la historia de este país y este estado.
Las normas electorales generaron:
- Más inequidad,
- Más ilegalidad,
- Que los topes de campaña se siguieran rebasando.
- Que las empresas de Radio y TV siguieran vendiendo publicidad para campañas, aunque ahora disfrazada,
- Que el dinero privado siguiera prevaleciendo al público en los presupuestos de campaña,
- Que la Guerra Sucia siga existiendo,
- Que la mayoría de quienes violan las leyes electorales sigan impunes y, sobre todo
- Más abstencionismo y desconfianza hacia la democracia.
Es decir, la actual legislación logró exactamente todo lo contrario de lo que buscaba.
Todos los objetivos que se plantearon los legisladores a la hora de reformar las leyes electorales no se cumplieron y estamos siendo testigos de un proceso electoral que, al igual que los anteriores, siguió siendo inequitativo, tramposo, excesivamente costoso, con una amplia participación de dinero privado en las campañas y con autoridades electorales atadas de manos a la hora de sancionar a los responsables de las ielgalidades electorales.
