¿A cambio de qué los diputados aprobaron abrir un juicio político en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJ), Armando García Estrada, violando flagrantemente la Constitución del Estado que establece que los magistrados de este Tribunal no son sujetos de juicio político (Artículo 97 fracción I), como lo referí en mi entrega del 22 de septiembre pasado bajo el título de “Torpeza legislativa; magistrados del TJA no son sujetos de juicio político“?

¿De qué tamaño era el compromiso de estos diputados como para haberse atrevido a violar burdamente la Constitución que juraron respetar y hacer respetar e inventar una sanción contra un magistrado que ha quedado ampliamente demostrado que le es incómodo a no pocos sujetos del gobierno? ¿Qué ganaron con esta torpe decisión o qué le hicieron ganar a quien o quienes se vieron favorecidos con esta acción? ¿Acaso el abrirle juicio político al magistrado García Estrada tiene alguna relación con la ratificación y no ratificación de dos magistrados del mismo Tribunal o fue mera coincidencia que ambos hechos sucedieran en un lapso de pocos días entre uno y otro?

Y es que no se puede explicar de otra manera cuando, como lo referimos, los magistrados del TJA no son sujetos de juicio político; cuando el tiempo que la propia Constitución del Estado establece para aplicar las sanciones (aceptando sin conceder), de un año a partir de iniciado el procedimiento, fue rebasado por mucho, pues la Comisión de Responsabilidades de la pasada Legislatura -la LXI- le dio entrada a la solicitud presentada por Salvador Martín de Alba Suárez en octubre de 2018 y fue apenas en septiembre de este año -¡tres años después!- cuando los diputados aprobaron enjuiciar al magistrado Armando García; y cuando, como lo publicó ayer el diario NTR Guadalajara, las pruebas para aplicarle juicio político son totalmente endebles, ya que el polémico proceso que habría motivado la queja del particular no fue llevado por la Cuarta Sala que preside el magistrado, como fue un juicio de lesividad que presentó de manera extemporánea el Ayuntamiento de Guadalajara por la construcción de un edificio adjunto a la casa del quejoso en la calle Alberta, no obstante que la misma autoridad municipal entregó todos los permisos.

O sea, que el asunto o causa del juicio ya prescribió o caducó.

Todo lo anterior está sustentado en los argumentos que el propio magistrado García Estrada envió a los diputados sobre su caso, y que fue la información publicada ayer por el matutino NTR Guadalajara.

Pero además de lo referido líneas sobre el porqué son bastante endebles las causas por la que los diputados aprobaron aplicarle juicio político al magistrado presidente de la Cuarta Sala del TJA, existe una declaración del propio denunciante -Martín de Alba Suárez-, donde reconoce que nunca tuvo pruebas en qué basar la denuncia presentada ante el Congreso del Estado; sin embargo, pese a eso los diputados le dieron entrada a la solicitud hasta llegar a la aprobación de sentarlo en el “banquillo de los acusados”.

Aquí es, entonces, donde -suponiendo que fuera sujeto de juicio político-, nos preguntamos: ¿El juicio político es para defender intereses particulares, partidistas y homofóbicas o para evitar la destrucción de las instituciones públicas, el marco constitucional, el orden público y el interés social? Quizás la capacidad de los diputados que aprobaron el juicio político no les da para entender lo anterior.

Pero ya evidenciado que la construcción de este juicio político en contra del magistrado Armando García Estrada está sustentado en “pruebas de humo” y en un alto grado de mala fe o revanchismo, además de reiterar que constitucionalmente no es sujeto de dicho juicio, ¿conocerán estos diputados la figura del SOBRESEIMIENTO para aplicarla en este caso, luego de que han sido evidenciados públicamente?

Si el argumento principal para demostrarles que no les asiste la razón es que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no son sujetos de juicio político, pero además ya quedó evidenciado que los tiempos ya caducaron o prescribieron, que las causas por las que pretenden enjuiciarlo no se dieron en la Cuarta Sala que preside, y que el quejoso declaró y reconoció que no tenía pruebas para sostener su denuncia, ¿por qué los diputados no demuestran un poquito de dignidad y sobreseen el asunto? ¿Por qué no demuestran tantita vergüenza antes de concluir su gestión? ¿Por qué o nos hacer ver que pese a todo lo que hicieron, les quedó un algo de honorabilidad?

Pero en todo esto, no queda la menor duda de lo que el magistrado García Estrada le dice a los diputados: “Lo que prevalece es una fobia política” en su contra.

Y si no, al tiempo…