Gilberto Pérez Castillo
El actual Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán, y el abogado José Antonio Ortega han hecho del caso Juan Jesús Posadas Ocampo un instrumento de permanencia política y en los medios de comunicación.
Año tras año repiten los mismo argumentos y a veces presentan nuevas pruebas que acaban siendo refritos de las de siempre.
En toda su actuación respecto del caso Posadas hay un aspecto que resulta revelador de uso político que hacen Guzmán y Ortega del mismo:
- Desde el año 1995 el PAN gobierna Jalisco, lugar donde fue asesinado el cardenal Posadas, y desde el año 2000 el PAN tiene el Gobierno Federal, al que pertenece la Procuraduría General de la República, que tienen en sus manos esta investigación.
- Guzmán y Ortega siguen repitiendo año tras año que existen fuerzas que impiden que la investigación avance.
Si realmente fueran congruentes con sus posiciones, a estas alturas Guzmán y Ortega ya habrían presentado las respectivas denuncias penales por encubrimiento y obstrucción de la justicia en contra de Vicente Fox y Felipe Calderón -junto con sus respectivos titulares de la PGR-, así como las respectivas en contra de los tres gobernadores panistas que ha tenido Jalisco -junto con sus propios procuradores-, porque desde el año 95 en Jalisco y desde el 2000 en el plano federal, las autoridades políticas y de procuración de justicia han estado en manos de los propios panistas.
