Julio César Hernández
Esta es la otra historia que quedó pendiente de platicar…
¿De dónde saca el diputado Raúl Vargas López que el Gobierno del Estado le debe al Congreso 1oo millones de pesos por concepto de formas valoradas?
¿Por qué el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, niega cualquier adedudo en este sentido?
Sería interesante conocer esta historia y la respuesta a estas dos preguntas de voz de los propios protagonistas, como serían los diputados de la pasada Legislatura (¡otra vez la LVIII Legislatura!) y el inquilino de Casa Jalisco, a decir de quienes conocieron de la misma.
Y es que como en su momento lo revelamos aquí en marcatextos.com, el gobernador Emilio González Márquez habría ofrecido a los anteriores diputados un monto de 100 millones de pesos a cambio de que, antes de irse y concluir su gestión, aprobaran la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia que el propio Ejecutivo les había enviado.
Por supuesto que la tentación fue mucha y hubo algunos legisladores que brincaban de gusto al saber la jugosa cantidad que se llevarían únicamente por apretar un botón o por levantar la mano, pero las cosas se complicaron y finalmente no se aprobaron dichas reformas.
¿Y qué tiene que ver eso con la deuda por formas valoradas?
¡Ah! Es que cuentan que la forma en que se iba a cubrir la entrega de esos 100 millones era por el concepto de formas valoradas. Palabras más, palabras menos, dicen que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo fue que éste elaboraría un recibo que estableciera que se le debía esta cantidad por dicho concepto.
“Mándenme un recibo que diga que les debo ($100 millones), y ahí lo reparten”, sería lo que se escuchó decir.
Pero, bueno, como no se aprobaron las reformas a la Ley de Transparencia, entonces el Ejecutivo canceló la entrega de esos 100 millones, pero quizás nadie destruyó o desechó el recibo referido que ahora se quiere hacer válido y que el diputado Vargas López reclama como adeudo.