Gilberto Pérez Castillo
Se ha cumplido ya una semana del lanzamiento de dos granadas durante la celebración de El Grito en Morelia, Michoacán, sin que las autoridades hayan dado con los responsables del criminal acto.
Que pasen todos estos días sin resultados de las investigaciones oficiales, y que el gobierno federal haya recurrido a ofrecer hasta 10 millones de pesos a quien dé información para dar con los responsables, es la mayor demostración de la incapacidad de las estructuras de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional en la historia reciente de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la AFI, la PFP (que cuentan con áreas de inteligencia), la SIEDO, el CISEN y las propias autoridades de Michoacán han sido incapaces hasta ahora de encontrar y llevar ante el juez a los responsables de uno de los mayores crímenes y una de las más grandes provocaciones a las autoridades mexicanas.
Esta incapacidad deja en claro que el problema de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes en México es estructural y ya no únicamente asunto de mayores presupuestos y parches a las leyes.
