La decisión del Juez Federal de negar la suspensión definitiva en el Juicio de Amparo interpuesto por la empresa Solar Auto Rentas, SA de CV contra el arrendamiento de patrullas por el Ayuntamiento de Guadalajara no significa que haya avalado el proceso que es ilegal de origen, pues simplemente decidió no entrar al fondo del asunto al considerar que era un hecho consumado, decisión que tomó basado en dichos ajenos a la verdad o con argumentos tergiversados tanto por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa como por el mismo gobierno tapatío.

Como en el caso de la controversia que presentó la Universidad de Guadalajara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Gobierno del Estado por la reasignación de los 140 millones de pesos, en la que por el hecho de que los ministros hayan resuelto que la Casa de Estudios no está facultada para presentar este recurso, no quiere decir que con eso aprobaron y decidieron que la decisión del gobernador Enrique Alfaro fue correcta y legal y que el asunto concluyó. Lo mismo en el caso de esta ilegal licitación. El que se haya negado la suspensión definitiva, no significa que, a su vez, se haya avalado el ilegal e irregular proceso de adjudicación. Nada más lejano que eso.

En este asunto aún hay mucho camino por recorrer.

No hay que perder de vista que esta licitación se llevó a cabo basada en documentos presuntamente falsos y mediante un proceso irregular, pues la Sala Superior del TJA nunca atrajo el caso como lo establece la Ley de Justicia Administrativa y, por lo tanto, tampoco tuvo en su poder el expediente y la documentación oficial para negar una suspensión que, por lo mismo, ya había sido otorgada por la Cuarta Sala de dicho Tribunal, medida que fue la que violó el gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro para sacar adelante su adjudicación.

Por lo tanto, ni Lemus Navarro ni el Ayuntamiento de Guadalajara pueden presumir que la negativa de la suspensión definitiva es el aval de que todo estuvo bien, que el arrendamiento debe continuar sin ningún problema porque el conflicto terminó. No, no es así porque existen varios procesos legales abiertos, comenzando por la suspensión definitiva que en tiempo y forma, el 21 de enero emitió la Cuarta Sala del TJA, así como los que están abiertos en otros tribunales y que aún no han emitido su resolución final, por lo que este asunto aún puede llevarse más tiempo.

La empresa Solar Auto Rentas, SA de CV señaló en un comunicado de prensa que “las afirmaciones que realizan (las autoridades municipales de Guadalajara) son una confesión de que violaron la suspensión definitiva de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y la provisional del Juicio de Amparo radicado en el 3er Partido Judicial Federal, por lo que nuestro equipo de abogados hará llegar a las diversas instancias jurisdiccionales estos hechos”.

Y así es, este tema se atiende por diversos caminos jurídicos y legales que llevan su propio ritmo y tiempo, y aún no es un tema cerrado o concluido como lo pretenden hacer creer en el gobierno tapatío. Por el contrario, como lo apunta la empresa quejosa, la postura del munícipe y su gobierno ofrecen nuevos y sólidos argumentos y pruebas para demostrar que se violó la ley en este proceso.

Y tan no está cerrado el caso y tiene aún mucho camino por andar -además del sobreprecio por casi 400 millones de pesos como lo denunciaron en su momento los regidores de Morena y ahora el partido Acción Nacional, quien por cierto ya encontró otro punto de ilegalidad en que incurrió el presidente municipal y que lo llevó a presentan una demanda de nulidad-, que el tema se ha mantenido vigente en los medios de comunicación locales y ahora nacionales por espacio de casi dos meses -cuéntese a partir de mediados de diciembre pasado-, que ha sido publicado por semanarios como Proceso, pese a los intentos de las autoridades municipales por pararlo o hacer creer que ya el asunto es cosa juzgada. Reitero: nada más alejado que eso.

La forma en que se desarrolló la adjudicación, así como el sobreprecio en que se aprobó el arrendamiento, sigue dando material no sólo para que las autoridades respectivas continúen con sus investigaciones sino también los propios medios de comunicación, no obstante que muchos de ellos han preferido no realizar un ejercicio periodístico responsable y se han ido “a la fácil” de replicar las palabras y expresiones de descalificación que emite el alcalde Lemus Navarro y servirle como “caja de resonancia”, y omitir indagar lo que hay detrás de esa ilegal licitación.

Así, pues, nadie en el Ayuntamiento de Guadalajara, comenzando por su presidente municipal Jesús Pablo Lemus, puede “cantar victoria”, “echar las campanas al vuelo” y asegurar que no existió ilegalidad en su proceder, porque esto aún está en discusión y no en las mesas de café sino en los tribunales donde se deben de dirimir las violaciones a la ley.

Por eso esta historia aún tiene varios capítulos que ya les iremos contando en este espacio…. Al tiempo.