Mientras el caso de la ilícita y amañada licitación del Ayuntamiento de Guadalajara para la adjudicación de unidades para la Comisaría tapatía registra alcances fuera no sólo de la capital sino de Jalisco al ser publicado ya en espacios de medios de comunicación de cobertura nacional, ahora es el partido Acción Nacional el que ha emprendido acciones legales a través de una demanda de nulidad que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, bajo el expediente 0486/2022 y que recayó en la Quinta Sala.

El argumento que presentó Acción Nacional en su demanda fue: “Dicho fallo resulta a todas luces ilegal, ya que desde su origen venía acompañado del vicio conocido en el Derecho como la teoría del fruto del árbol envenenado, en virtud de que la convocatoria misma adolecía de legalidad, ya que esta se publicó, como lo establece el punto 1 de este apartado, con fecha 07 de diciembre del 2021, cuando aún no se aprobaba el presupuesto municipal para el ejercicio 2022 y, por lo tanto, la partida presupuestal en la que se dio sustento a dicha convocatoria aun no nacía a la vida jurídica, lo cual resulta violatorio de diversos ordenamientos”.

Ayer en rueda de prensa la dirigente estatal del PAN, Diana González Martínez, aseguró que “queremos que se investigue y se sancione a los responsables”, y ejemplificó que “el atraco al erario” por 400 millones de pesos que se pretende hacer con esta licitación “es equivalente a 20 casas de Houston”, en clara referencia a la residencia que rentaba en aquella ciudad norteamericana uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado un gran escándalo mediático y en redes sociales.

Más adelante apuntó: “Queremos hacer evidente estas prácticas y que ya la gente se dé cuenta de lo que están haciendo en el Ayuntamiento de Guadalajara liderados por el alcalde Pablo Lemus y sus cómplices; apenas llevan cuatro meses en el encargo y ya suena en Guadalajara un escándalo de corrupción”.

Luego refirió lo publicado ayer en el diario Mural: Que Guadalajara y Zapopan ocupan el cuarto y quinto lugar de los municipios más endeudados del país, el primero con 1 mil 443 millones de pesos, y el segundo con 1 mil 114 millones de pesos, coincidentemente ambos bajo el gobierno de Lemus Navarro. Y luego encontró explicación al cuestionamiento que inicialmente hizo el regidor Fernando Garza -presente en la rueda de prensa- respecto a para qué querían 290 patrullas si no tienen elementos para usarla. Dijo la dirigente panista: “Hoy podemos imaginar para qué; suena a querer desviar esos 400 millones de pesos, a querer desviar el equivalente a 20 casas de Houston”.

No hay duda que esa ilegal y amañada licitación se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para el alcalde Lemus Navarro, quien hasta el momento sólo ha reaccionado con descalificaciones para quienes han revelado estos hechos ilegales e irregulares -y en los que estaría involucrada la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa-, sin presentar ni demostrar pruebas que los desmientan, comenzando por el documento que recibieron de esa Sala Superior -presuntamente falso-, en el que se basaron para llevar a cabo la licitación de arrendamiento en vísperas de las fechas decembrinas.

Hasta el momento los regidores del PRI, Sofía García, y de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, han guardado un sospechoso silencio sobre este caso y que, al menos por el momento, los coloca en la posición de aliados o cómplices de Jesús Pablo Lemus, no obstante las evidencias públicas.