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Alfaro, ¿por qué permitir que OPD Salud violente la ley?

Escrito por   /   30 julio, 2019 a las 6:00 am /   Sé el primero en comentar

La Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) hizo llegar semanas atrás a la OPD Servicios de Salud Jalisco un oficio que en su parte medular señala:

“(…) SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR -altas y negritas en el original-, desde estos momentos y hasta en tanto cause estado la sentencia definitiva que en su momento se dicte, para el efecto que las autoridades demandadas, suspendan el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN 43068001-015-2019 para el “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO” (…), en consecuencia, las autoridades deberán de abstenerse de dictar el fallo de adjudicación correspondiente…”.

Y en el siguiente párrafo, el oficio establece:

“(…) Con la única finalidad de que no se suspenda y siga prestando los servicios de salud que son de interés público, entre los que se encuentra el servicio integral de pruebas de laboratorio y estudios de gabinete para la red de laboratorios del Estado de Jalisco, de que se trata la licitación pública de mérito, se CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR -negritas y mayúsculas en el original- impetrada desde este momento y hasta que cause estado la sentencia definitiva que se dicte, para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente se encuentran, esto es, para que las autoridades demandadas permitan y no impidan a la sociedad accionante “DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP (…) continuar prestando el mencionado servicio en la forma, términos y condiciones en que se ha venido prestando…”.

No obstante lo anterior, la OPD Servicios de Salud Jalisco violentó la medida cautelar emitida por el TJA y decidió rescindir el contrato a la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria, SA de CV, y decidió adjudicar directamente la prestación del servicio a la empresa Intermet, SA de CV, para que lo lleva a cabo con el equipo que la empresa GAP tiene instalado.

¿Por qué el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no ha intervenido en este asunto que es de vital importancia para la prestación de los servicios en el sector Salud? ¿Por qué el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, no ha intervenido para que el OPD Servicios de Salud respete la medida cautelar dictama por el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿No consideran que su atención debe de estar en un problema que por quién sabe qué razones el organismo de Salud decidió complicar más, violentando el derecho de una empresa que recurrió a una instancia a la que por ley tiene derecho, y que quizás el falló provocó la molestia de funcionarios que obstaculizan la prestación de un servicio primordial en este sector?

La empresa GAP emitió un comunicado en el que reclama que no se les permita acceder a las instalaciones para “ejecutar las labores de operación, mantenimiento, aprovisionamiento y substitución” en el equipo que es de su propiedad; en el que piden que funcionarios estatales no utilicen a las instituciones de procuración de justicia para presionar y amenazar; y en el que solicitan a la Contraloría del Estado que instale una mesa formal de negociación.

¿Quién estará interesado en abrirle más frentes al Gobernador, ahora con un problema que no debió de existir si se hubiesen respetado los cauces legales como fue atender la medida cautelar emitida por un tribunal?

Ojalá y en Casa Jalisco y Palacio de Gobierno pongan su atención en este problema que puede agudizarse si funcionarios del sector Salud insisten en no respetar la legalidad.

Al tiempo.

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