Quienes nos gobiernan no se preocupan realmente por mejorar la seguridad pública por una razón elemental: ellos, sus familiares y sus propiedades cuentan con la protección de escoltas pagados con nuestros impuestos.
Esta protección les impide sentir en carne propia la inseguridad que padecemos los ciudadanos y hace que darnos seguridad no sea prioridad para ellos.
Por ello es prioritario y urgente presionar para que a los funcionarios públicos les sean retirados los escoltas y éstos se pongan a protegernos a todos en las calles.
Un policía haciendo función de escolta es un policía menos en la calle cuidando a la gente.
El problema es que como sociedad nos hemos acostumbrado tanto a que nuestros funcionarios y políticos cuenten con escoltas, que ya no nos cuestionamos ¿por qué deben seguir contando con ese beneficio?
Ser funcionario público o familiar de uno no es razón suficiente para que alguien sea dotado de guaruras.
Cuando cualquier ciudadano corre un riesgo o es amenazado no tiene acceso a escoltas pagados por el gobierno. Entonces, ¿porque los funcionarios y sus familiares sí?
Contar con escoltas debe ser una escasa excepción, y siempre que esté debida y transparentemente justificada.
Para contar con escolta no se vale simplemente decir que en el cargo se corren riesgos o que se han tocado intereses poderosos para justificar que tantos policías, que deberían estar cuidando a muchos ciudadanos, se dediquen a proteger a unos cuantos políticos.
Si los policías, que real y directamente enfrentan a los criminales, no cuentan con escoltas, mucho menos se justifica que los tengan funcionarios públicos de oficina. O que nos digan ¿qué riesgo puede correr -diferente al de cualquier ciudadano- un secretario, gobernador, senador, diputado, alcalde o regidor?
Si realmente un funcionario corre riesgos por su actuación en el gobierno, debería denunciar a quienes podrían causarle daño para que sean procesados y vayan a la cárcel.
Si un funcionario corre riesgo porque ha cometido actos de corrupción o porque se ha ligado a grupos criminales, mucho menos tenemos por qué pagarle protección.
En ese sentido, si realmente queremos que nuestros gobernantes se pongan a trabajar para mejorar pronto la seguridad pública, tenemos que presionar para que:
Les sean retirados los escoltas a los funcionarios públicos,
Ningún familiar de funcionario ni particular cuente con éste tipo de protección, y
Ningún ex funcionario público cuente con este tipo de protección, si no se justifica contundentemente esa necesidad.
Si un funcionario quiere que él y su familia cuenten con protección especial, que la pague de su bolsa.
Sí un funcionario cree que su trabajo en el gobierno pone en riesgo a su persona o a su familia, que renuncie. Siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese cargo, sin contar con escolta.