Como era de esperarse, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez reiteró ayer oficial y formalmente su decisión de no entregarle a la Universidad de Guadalajara los 140 millones de pesos que inicialmente se habían destinado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y redirigirlos para lo que será el Hospital Civil de Oriente que para el Mandatario estatal es una prioridad.

“(…) En tanto que la Universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria. Los recursos que se etiquetaron en el presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales estaban sujetos a variaciones, y dado que no fueron transferidos no puede considerarse que formaban parte del patrimonio universitario”, le dice el gobernador Alfaro al rector general Ricardo Villanueva Lomelí en una carta con la que da respuesta a aquella visita que una comisión universitaria le hizo la semana pasada en Palacio de Gobierno.

Y por si eso no fuera claro, le precisa: “La Universidad de Guadalajara no culminó en tiempo y forma los procesos específicos necesarios para registrar el compromiso de la suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Hacienda Pública, por lo que no existieron compromisos formales que vincularan el ejercicio del gasto público de la partida 4156 transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública. En consecuencia, resultó jurídicamente viable utilizar las disponibilidades financieras no comprometidas a efecto de reorientarlas y destinarlas para la atención de un proyecto prioritario”.

Lo curioso de este caso -que no es de extrañarse ante el evidente sometimiento, como en todos los gobiernos anteriores, del Legislativo al Ejecutivo-, es que no obstante que fue el que propuso esta iniciativa de reasignación de recursos al gobernador del Estado, el Congreso del Estado ha guardado sepulcral silencio en esta disputa millonaria, confirmando que sólo fue el instrumento cuyos hilos de control están en Casa Jalisco. Y por eso la Universidad de Guadalajara prefirió dirigirse directamente, como dicen coloquialmente, con “el dueño del circo”, y entabló diálogo con el gobernador Alfaro Ramírez.

Con esta respuesta ya esperada por parte de Alfaro Ramírez, con lo que se confirma la “declaración de guerra”, en la Universidad de Guadalajara comienzan a “afilar los machetes” y será mañana miércoles cuando el Consejo General Universitario tome una decisión y postura ante la reiterada posición del gobierno del Estado de no entregarle los 140 millones de pesos. ¿Qué decisión tomará? Esa es la gran incógnita, pero difícilmente creemos que se quedarán con los “brazos cruzados” o se resignarán a aceptar la decisión del gobernador.

O quizás la acepten, pero entonces llegará el momento en que el Grupo Universidad cobre esta factura terminando con cualquier esperanza o posibilidad de que puedan reconciliarse en corto o mediano plazo. Y si es así, ¿cuál será la estrategia que aplicará en torno a su relación con el Ejecutivo estatal? Porque definitivamente nada lograrán con que sus diputados Mara Robles y Enrique Velázquez “griten” y “pataleen” desde la tribuna legislativa, pues hasta ahora eso les ha sido infructuoso.

Si inicialmente pensé que este caso no pasaba de ser un “pleito de casados”, la magnitud que ha alcanzado nos hace ver que podría convertirse en un caso similar a aquel del 2010 cuando se declaró a Tlajomulco “territorio libre de Raúl Padilla López”, pero ahora quizás con consecuencias de mayor alcance.

Por lo pronto, esperemos para conocer cuál será la postura del Consejo General Universitario y a partir de ahí proyectar un posible escenario de ruptura o reconciliación de consecuencias, por ahora, impredecibles.