Incrédulo de que figuras como el plebiscito, el referéndum o la consulta ciudadana tuvieran éxito ante los complicados requisitos que se establecen para que éstas y otras pudieran ejecutarse, me parece un gran paso que el pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana haya aprobado por unanimidad llevar a cabo la consulta popular sobre la ciclovía a lo largo de la avenida Marcelino García Barragán.
Esta ciclovía, como es sabido, se ha convertiodo en “manzana de la discordia” entre vecinos de esta avenida y grupos de ciclistas como el colectivo GDL en Bici, pues mientras los primeros se oponen por considerar que complica aún más la ya de por sí difícil vialidad de esta arteria, los segundos alegan el derecho a tener una vía segura por la cual circular.
También es sabido que las organizaciones y agrupaciones ciudadanas han sido las principales impulsoras de figuras de consulta como las arriba mencionadas y he de reconocer que en este sentido han logrado importantes avances, aunque aún de manera muy lenta.
Pero ahora nos encontramos, paradójicamente, con que este colectivo ciudadano, GDL en Bici, se opuso a la aprobación de la lograda consulta popular. Pero no sólo eso, sino que ahora que el IEPC aprobó su ejecución de manera unánime, ha recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la que presentaron una queja por considerar que la misma “está violentando los derechos que hemos generado y aparte va en contra del Código Electoral de Participación Ciudadana”, a decir del uno de los integrantes de este grupo.
Es curioso, pero grupos ciudadanos fueron los principales demandantes y promotores para que figuras como la que se aprobó aplicar fueran más flexibles en sus requisitos para poderl llevarlas a cabo ante decisiones que toman los gobiernos -estatal o municipales-, pero ahora que una de ellas se aplicará en contra de la postura de una de esas agrupaciones ponen “el grito en el cielo”, como si los ciudadanos que no forman parte de ella o de alguna otra organización no gubernamental no tuvieran derecho a opinar sobre una acción o decisión que ellos consideran que les afecta.
Hay que subrayar que las autoridades no están obligadas a acatar el resultado de la encuesta o consulta ciudadana que se aplique, pero los ciudadanos que se oponen a la ciclovía tienen el mismo derecho a opinar al respecto como quienes están a favor de ella. ¿O por qué quienes pelean porque la ciclovía opere, quiere “que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”?
Así, pues, hay que aplaudir la decisión de los consejeros electorales, y si ya se dio el primer paso para que estas figuras de consulta ciudadana se ejecuten, ojalá y se logre en decisiones donde una de las partes sea el gobierno, pero también, como es este caso, otros grupos ciudadanos que piensan en sentido contrario.