Cuando existe un verdadero estado de derecho la justicia no se maneja ni con intereses políticos ni con intereses particulares.

Si Jalisco realmente contara con estructuras jurídicas y judiciales profesionales, autónomas y confiables no existiría el actual debate sobre la suspensión de las Villas Panamericanas decretada por un magistrado del Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
Pero todos los partidos políticos se han empeñado en politizar al Poder Judicial y a otras instituciones del Estado, que deberían estar al margen de los intereses partidistas o de particulares.
Los partidos políticos, y sus responsables, se reparten la distribución de los magistrados del Poder Judicial como si éstos fueran cargos de las dirigencias de los partidos, y luego se asustan de los resultados de este desastroso manoseo.
La resolución del TAE, que suspende al cuarto para las doce las ya de por sí retrasadas Villas Panamericanas, y la presión de las cúpulas empresariales en contra del tribunal y su magistrado, son dos muestras claras del rezago que padece Jalisco en materia de justicia y seguridad jurídica.
En este momento, más que la realización de los Juegos Panamericanos, lo que está en juego -de nuevo- es la legalidad en el estado.
Si los vecinos quejosos tienen la razón y la construcción de las Villas es irregular e ilegal, no debe argumentarse las prisas para realizar los Juegos como pretexto para violar las leyes. Si las Villas son irregulares no deben ser construídas bajo ningún pretexto.
Si el magistrado que dictó la suspensión de la obra actuó con dolo e ilegalidad deberá aplicársele todo el peso de las leyes.
Pero lo que no puede aceptarse es que de nuevo las presiones cupulares ni los intereses políticos o particulares sean los que se abonen a la ilegalidad en Jalisco.
No puede seguirse apostando a una ganancia efímera para la inmediatez en perjuicio de la legalidad de largo plazo.
A la larga no serán los Juegos Panamericanos los que le darán prestigio a Jalisco para atraer inversiones, sino que los posibles inversionistas puedan confiar en que aquí existe un verdadero estado de derecho, donde la ley se aplica a favor de quien tiene la razón y no de quien es capaz de corromper o presionar más.