Muy lamentables resultaron las declaraciones del Gobernador Emilio González Márquez al referirse a la renuncia del Director de la Policía Rural del Estado, Julián Guerrero, porque hablan del discutible compromiso del gobernante con las leyes y de su obsesión de no reconocer errores.
Después de un magnífico trabajo periodístico del periodista Jaime Ramírez Yáñez en el diario Público-Milenio, en el que se denunció que Julián Guerrero había sido designado director de la Policía Rural, no obstante contar con antecedentes penales, al Gobierno de Emilio González no le quedó de otra más que renunciar al exmilitar y hoy exjefe policíaco.
La ley es muy clara cuando señala que nadie que tenga antecedentes penales podrá ser funcionario público con mando en policías y con manejo de armas de fuego.
Al no poder sostener a Julián Guerrero, el Gobernador Emilio González salió con estas desafortunadas declaraciones, “Yo les puedo decir que esta persona no participó en el ilícito y que probablemente todo lo que hemos estado escuchando estos días es porque hay intereses de narcos afectados”.
Tratar de explicar un trabajo periodístico como una acción propiciada por narcos afectados y no querer reconocer el error de haberse brincado la ley a la hora de contratar a Julián Guerrero constituye un acto de grave irresponsabilidad de quien gobierna el Estado y quien protestó guardar y hacer guardar las leyes.
