Julio César Hernández
Cuando se creía que la inquietud de algunos diputados del PAN se debía a su incertidumbre y desconocimiento de por qué no sesionaba el Congreso del Estado, se revela que lo que hay de fondo es una seria crisis al interior de la fracción panista que tiene que ver no tanto con la preocupación por cumplir con su obligación sino con el reparto de un millón de pesos que se había prometido para los 40 legisladores.
Ayer comentamos que este grupo de legisladores panistas sospechaba que la negativa a sesionar y las evasivas que les daba el diputado con licencia y hoy regidor en Guadalajara, Jorge Salinas Osornio, tenían que ver con un irregular manejo de los recursos públicos de proporciones insopechadas y de las que, de xistir, ellos se deslindaban, amén de las basificaciones inicialmente negadas pero que ya fueron hecho públicas días atrás.
Pero ahora se asegura que no es tanto esto, sino que todo tiene que ver con signos de pesos y varios ceros.
Cuentan que la Junta de Coordinación Política acordó entregar a cada diputado por fin de trienio un millón de pesos, que supuestamente saldrían de una petición que Salinas Osornio haría al gobernador Emilio González Márquez por 40 millones de pesos, cantidad aprobada con la condición, dicen, de que antes de cerrar el período de sesiones de la actual Legislatura se aprobaran las reformas a la Ley de Transparencia y la iniciativa que daba por desaparecido al Consejo de la Judicatura.
El anuncio de esta “jugosa recompensa” la habría hecho cada coordinador a los integrantes de su bancada, lo que puso feliz a los diputados, aunque hoy los de oposición están a la expectativa de lo que suceda en la fracción panista para tomar el rumbo que más les convenga: hacerse como el que ellos no sabían nada o agradecer el “reconocimiento” en signos de pesos que pudiera hacérseles.
Otra versión refiere que el ofrecimiento a los diputados de una “recompensa” por los favores recibidos se les hizo siempre que votaban en el sentido solicitado asuntos difíciles.
Pero cuentan que a Salinas Osornio finalmente no le convenció la presunta condición del Ejecutivo y dejó “congelado” el asunto, llegado el momento en que tuvo que separarse del Congreso para asumir la regiduría tapatía.
Se asegura que por esa razón no se convoca a sesionar al pleno, pues existe la creencia de que ahí podría plantearse la aprobación de las reformas a la Ley de Transparencia y la desaparición del Consejo de la Judicatura, por lo que esperan únicamente hacerlo para aprobar las licencias de la diputada Verónica Martínez y del secretario general Alfredo Argüelles, y designar a su sucesor.
Total que la crisis en la bancada panista en el Congreso está “al rojo vivo”, mientras su dirigencia estatal guarda silencio.
14 enero, 2010
