El pasado viernes 17, en mi entrega titulada “Diputados serviles, inventan juicios políticos por consigna”, escribí lo siguiente:

“Nunca ninguna otra Legislatura local se había sometido tanto a los caprichos del Ejecutivo en turno como ésta, la LXII, con mayoría de diputados del partido Movimiento Ciudadano y con una fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que desvergonzada y abiertamente no oculta su servilismo como ningún otro partido de oposición lo ha hecho para con el gobierno estatal en turno.

“Estos diputados lo mismo acatan sumisamente la orden de aprobar una reforma que viola descaradamente la autonomía e independencia del Poder Judicial; que quitarle 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara; que aprobar una auditoría a esta máxima Casa de Estudios sobre recursos que no le han sido entregadas; que “lavar” cuentas públicas con millonarios cargos impuestos por la Auditoría Superior del Estado; que quitarle el salario a integrantes de organismos como el Comité de Participación Social, para luego ser dejados en ridículo; que iniciar una persecución contra aquellos que -a diferencia de estos diputados-, no aceptan someterse a esos caprichos, y lo hacen basados en falsedades, como es el caso del magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada, contra quien aprobaron iniciar un proceso de juicio político…”.

Este caso del juicio político en contra del magistrado García Estrada -cuyo proceso inició a partir de que le dieron entrada en 2019-, es la más clara evidencia de cómo estos diputados se prestan como instrumento para “golpear” y perseguir a quienes resultan incómodos al gobierno a cambio de quién sabe qué intereses, canonjías o privilegios, pues en ese afán de ser serviles demuestran vergonzosamente su ignorancia de las leyes que están obligados a conocer. Este caso los “pinta” de cuerpo completo.

Y es que de acuerdo a la Constitución del Estado, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no son sujetos al juicio político, como lo establece el artículo 97 fracción I, que a la letra dice:

“Serán sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera instancia; los titulares de las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo del Estado; el Contralor del Estado; el Fiscal General; el Procurador Social; los integrantes del Consejo de la Judicatura; los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y los comisionados del Instituto de Transparencia, Información y Protección Pública de Datos Personales del Estado de Jalisco; el Auditor Superior el Estado; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; los presidentes, regidores, síndicos o concejales; los funcionarios encargados de la secretaría general de los ayuntamientos; los funcionarios encargados de las haciendas municipales; así como los titulares de organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal mayoritaria;….”.

¿En qué línea de la Constitución establece que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa son sujetos de juicio político? ¿O acaso pretenden sancionar con una legislación de menor categoría que la propia Constitución del Estado?

Quizás los diputados, ante el desconocimiento de las leyes que están obligados a conocer, pretendieron homologar esta figura con la de los “magistrados del Poder Judicial”, pero entonces ignoraron el artículo 65 de la misma Constitución del Estado que establece que este Tribunal de Justicia Administrativa “es un organismo público autónomo”; o sea, no forma parte del Poder Judicial, si es que por ahí fue el camino que los legisladores pretendieron tomar para emprender la persecución en contra del magistrado Armando García.

Y por si esto fuera poco, embriagados tal vez porque son capaces de detener el tiempo y extenderlo hasta el infinito, según sus intereses, con aquello del “tiempo legislativo”, los diputados incurren en otra muestra más de que el único objetivo que persiguen con este juicio político es eso, emprender la persecución en contra de quienes no se someten a los deseos del Ejecutivo como ellos lo han hecho sin vergüenza alguna. Y es que como dicen los litigantes, “aceptando sin conceder”, si García Estrada fuese sujeto del juicio político, los tiempos para sancionarlo quedaron rebasados.

Esto se demuestra con lo que establece la fracción VIII del mismo artículo 97 constitucional que a la letra dice: “Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento…”.

Y es que debe quedar claro que el proceso o procedimiento no inició la semana pasada cuando la mayoría del pleno del Congreso del Estado aprobó la procedencia de la acusación, sino desde el momento mismo en que fue aceptada para darle curso, y esto sucedió en 2019, por lo que ya transcurrió más de un año que es el plazo que la Constitución establece para aplicar las sanciones correspondientes.

En una palabra, los diputados que aprobaron perseguir al magistrado Armando García Estrada inventando aplicarle un juicio político que no procede por no ser sujeto a él de acuerdo a la Constitución del Estado, confirman no sólo su ignorancia sino su mala fe al prestarse dócil y sumisamente a hacerle el “trabajo sucio”, reitero, a quien realmente es su jefe: el Ejecutivo.

La pregunta que queda es: A pesar de todas estas torpezas en las que han incurrido, ¿seguirán adelante haciendo el ridículo? ¿Así quieren cerrar su ciclo como legisladores? ¿Acaso no les da vergüenza frente a su familia? ¿No sienten pena haberle fallado así a los ciudadanos que les dieron su voto? ¿Acaso habrán ganado más asumiendo el papel de lacayos del Ejecutivo que cumpliendo con su deber de legisladores?

Al tiempo…