El Ruido y las Nueces

Si los jaliscienses esperamos que la LVIII Legislatura del Congreso del Estado llegue a limpiar y a castigar la corrupción y los excesos en que incurrieron los diputados locales que dejarán el cargo este 31 de enero, debemos irnos resignando a ser testigos de otro capítulo en la larga historia de la impunidad de nuestros políticos.

Si las propuestas que ha lanzado el futuro diputado local por el PRD, Enrique Alfaro Ramírez, y las reacciones que a las mismas han expresado otros futuros legisladores del PAN y del PRI, son botones de muestra del nivel que tendrá la próxima Legislatura, debemos esperar otro triste período del Congreso estatal lleno de mucho ruido y pocas nueces.

Tal vez con el afán de llamar la atención de los medios de comunicación y tratando de subirse a la ola de indignación que han provocado los actuales diputados locales en la sociedad con sus excesos, Enrique Alfaro lanzó la aparentemente novedosa y contundente propuesta de que las cuentas del Congreso sean revisadas por medio de una auditoria externa.

Lo malo de la propuesta de Enrique Alfaro es que es de ese tipo de ideas que sólo generan ruido para ganar espacios en los medios, pero no resuelven nada de fondo, porque se quedan únicamente en la capa más exterior y delgada del problema y finalmente dejan todo como estaba.

Lo que deberían entender Enrique Alfaro y sus próximos compañeros de Legislatura es que el fenómeno de la corrupción y de los abusos en el uso de los presupuestos públicos tiene como fundamento esencial la impunidad de quien incurre en actos corruptos. Es decir, mientras nadie sea castigado penal y administrativamente por sus corruptelas, ninguna ley, auditoria o normatividad será eficiente. Y mientras el grado de impunidad sea alto siempre habrá quien se deje tentar por las oportunidades de corromperse.

Dicho de otra manera, el problema no está en quien sea el encargado de hacer la auditoria al Congreso del Estado, porque la clave del asunto es que no hay garantías de que quienes hayan incurrido en actos de corrupción serán realmente castigados penal y administrativamente.

Para que alguno de los actuales diputados locales, sobre los cuales pende la sospecha de corrupción, sea realmente castigado por sus excesos primero tendría que aprobarse y realizarse esa auditoria, y por supuesto encontrarse las pruebas del saqueo.

Enseguida debería aprobarse en la Comisión respectiva un dictamen acusatorio mismo que tendría que ser ratificado por el Pleno del Congreso, de lo cual se desprendería la posibilidad de presentar las denuncias penales correspondientes y la exigencia administrativa para que los responsables devuelvan las cantidades obtenidas ilegalmente.

Una vez presentada la denuncia penal, debería contarse con la voluntad política del Gobernador del Estado, que es el jefe del Procurador de Justicia para que éste le solicite a un juez el ejercicio de la acción penal.

En cada una de esas etapas existe un amplio espacio para que los intereses políticos y partidistas acaben imponiéndose sobre la justicia. Y como todos los partidos políticos representados en el Congreso tienen sus propios políticos corruptos que proteger, entonces el intercambio de impunidades acabaría mandando a la basura el esfuerzo y el dinero invertidos en hacer la auditoria.

Si Enrique Alfaro y el resto de los diputados locales que integrarán la LVIII Legislatura quieren en verdad ponerle freno a los abusos en el Congreso del Estado y en el resto de los espacios de la administración pública deberían comprometerse a impulsar reformas de fondo que eliminen la discrecionalidad que genera la impunidad de los políticos corruptos.

No habrá verdadero combate a la corrupción mientras la Auditoria Superior del Estado no cuente con autonomía plena para realizar las revisiones a las cuentas públicas y para presentar las denuncias penales correspondientes. Mientras el Congreso no renuncie a ser quien decida si una cuenta se aprueba o no por criterios políticos todo lo que se diga o haga es puro cuento.

Y mientras la Procuraduría de Justicia no sea también autónoma y deje de ser un instrumento del Gobernador, no se podrá decir que existe verdadera voluntad de que se haga justicia y se combata la corrupción en Jalisco.

Si la próxima Legislatura se caracterizará por propuestas como la de Enrique Alfaro tendremos a una bola de diputados preocupados más por ganarse los titulares de lo medios de comunicación que en resolver los problemas del Estado.

Si este es un botón de muestra de lo que debemos esperar los jaliscienses de nuestros próximos diputados, vayámonos resignando a otros tres años perdidos con puro ruido y nulas soluciones. Y a otros tres años de corrupción e impunidad. *Publicado en el Semanario Crítica el 29 de Enero de 2007