Gilberto Pérez Castillo
El jueves pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) le solicitó, como medida precautoria, al Procurador Tomás Coronado Olmos que le tome la declaración correspondiente al alcalde de Tonalá Jorge Vizcarra Olmos, en relación con la investigación que se sigue por el asesinato de Carlos Romo Guízar, quien fuera director de Mejoramiento Urbana de ese municipio.
Con esta petición la CEDHJ pretende que se subsane una grave omisión del expediente que la Procuraduría envió al Congreso del Estado, solicitando el desafuero del alcalde tonalteca, ya que al no tomársele la declaración respectiva a Jorge Vizcarra se le impidió rendir al fiscal su versión de los hechos y presentar las pruebas que tenga para sustentar su alegato de inocencia.
Ante lo complicado que se ha convertido este asunto para la Procuraduría que encabeza Tomás Coronado, por la grave de la acusación y por las dudas que ya existen en la opinión pública acerca del débil señalamiento que la fiscalía presenta contra el alcalde tonalteca, lo sano sería que el Procurador ordene que se acepte la petición de la CEDHJ y que el agente del Ministerio Público correspondiente le tome la declaración correspondiente a Jorge Vizcarra y se le permita presentar las pruebas de su dicho.
Sólo así la Procuraduría tendrá los elementos suficientes para decidir si de verdad cuenta con elementos sólidos para sostener su acusación o si corrige sus actuaciones y sus acusaciones.
Negarle a Jorge Vizcarra el derecho de rendir su declaración y de presentar pruebas sólo contribuiría a aumentar las sospechas de que en este caso la Procuraduría está actuando por consigna o por interés político.
