Gilberto Pérez Castillo

Dos hechos preceden la ejecución de la orden de aprehensión por la que fue detenido el ex Alcalde de Tonalá Jorge Vizcarra Mayorga:

  1. La averiguación previa que realizó la Procuraduría de Justicia, que encabeza el controvertido procurador Tomás Coronado Olmos, está plagada de irregularidades, contradicciones y vicios que ponen en seria duda las conclusiones que acusan a Jorge Vizcarra y otros del homicidio de Carlos Romo Guízar.
  2. La mayoría de los Diputados del Congreso del Estado no leyeron, mucho menos estudiaron, el expediente que se les turnó para aprobar el desafuero de Jorge Vizcarra.

Una lectura del expediente hace evidentes las debilidades de la acusación y la elevada probabilidad de que los acusados no hayan tenido que ver con el homicidio.

Por eso, ante la muy probable posibilidad de que el juez encuentre que las constancias que le consignaron no son suficientes para castigar a los acusados, bien harían el gobernador Emilio González Márquez y el procurador Tomás Coronado en ir pensando qué respuestas les darán a los jaliscienses en el caso de que Jorge Vizcarra y coacusados sean declarados inocentes del homicidio de Carlos Romo.