Conforme pasa el tiempo y se revelan nuevos datos en torno a la decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de despojar a la Universidad de Guadalajara de los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y reasignarlos para levantar el Hospital Civil de Oriente, se confirma que es una decisión alejada de la legalidad -incluida la auditoría encargada por los diputados, como lo referimos en nuestra entrega de ayer- y con un propósito meramente político en contra del Grupo Universidad y su líder Raúl Padilla López.

Sin embargo, la razón o motivo real que llevaron al Mandatario estatal a dar este “golpe” en contra de quien creíamos que seguía siendo su aliado, luego de que ambos fueron de la mano en alianza apoyando la candidatura presidencial del hoy “huído” Ricardo Anaya del PAN, es una incógnita. Sí, la versión pública es que fue en represalia porque la Universidad de Guadalajara decidió no regresar a clases presenciales el pasado 30 de agosto como fue la decisión tanto de Alfaro Ramírez como del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿de veras eso provocó esta inusitada y sorpresiva reacción y lo que se ha venido en cadena como consecuencia de ello?

Creo que llegará el día en que conozcamos, pues, las causas reales de este rompimiento.

Mientras tanto, hoy nos enteramos que el gobernador Alfaro Ramírez no firmó la respuesta que su gobierno dio al planteamiento que el rector general Ricardo Villanueva Lomelí y una comitiva de universitarios le hicieron personalmente hace 15 días en Palacio de Gobierno. ¿Por qué se negó a firmar el documento? Será porque como dijo Villanueva, “me causó preocupación leer los argumentos jurídicos que se vierten en este documento. A mí me parece alarmante la respuesta que nos dan”. ¿Será que, como dijo “Bronco”, el gobernador quiso que “no quede huella que no, que no… que no quede huella”? El rector general la calificó como “una falta de respeto” a la institución. Pero, en el fondo, esa falta de su firma le da al asunto un cariz totalmente político y no institucional, con lo que se confirma la sospecha del fondo del caso: simplemente político.

El contenido de la respuesta del gobierno estatal llevó a que el Consejo General Universitario la rechazara por “improcedente” y porque “recurre a leyes secundarias”, y reiteró que el recorte de los 140 millones de pesos es una medida “ilegal” y un “atropello a la auditoría universitaria”. En particular, Villanueva Lomelí, quien fue secretario de Finanzas el sexenio anterior en el gobierno de Aristóteles Sandoval, argumentó que el Ejecutivo no distingue entre un Organismo Público Descentralizado que tiene autonomía, y una dependencia estatal ordinaria, amén de que violenta la división de poderes al invadir las facultades del Congreso del Estado. Y envió una recomendación a los funcionarios del gobierno estatal: que no firmen la reprogramación de estos recursos a menos que tengan un oficio firmado por el gobernador, ya que pueden recurrir en responsabilidades que comprometan su patrimonio personal.

El final de este pleito parece no estar cerca. Y la decisión del gobierno del Estado sobre la reasignación de estos 140 millones de pesos parece más una provocación al Grupo Universidad y a su líder Padilla López, que resultado de una verdadera preocupación por la salud de los jaliscienses. Parece más un pretexto para enviarle un “mensaje” cifrado al “Licenciado”, que un interés real de velar por el bienestar de los ciudadanos, cuando en otros rubros ha dado muestras que ésto último no está entre sus prioridades.

¿Hasta dónde ambas partes dejarán llegar el conflicto? ¿Quién será el primero en subirlo a una intensidad que provoque un “choque de trenes” que genera la intervención o el deslinde del gobierno federal? ¿Buscarán “apagar” el desencuentro antes de que llegue la fecha de inicio de la Feria Internacional del Libro, evento que podría ser el terreno para dirimir estas diferencias como lo fue en 2019 para contra López Obrador? Y es que ninguno de los bandos está dispuesto a ser derrotado por el contrario. Ahora sí que todo indica que irán “hasta donde tope”.

Por lo pronto, se advierte que quien hasta el momento va perdiendo el juego es el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues ha sido evidenciada su actuación con un pleno interés político más que de verdadera preocupación por la salud de la comunidad. Y no se advierte, por ahora, que tenga un “as bajo la manga” para vencer al Grupo Universidad y a Padilla López, a menos de que el gobierno federal intervenga en su apoyo. Incluso, ya sus nuevas estrellas que asumirán las alcaldías de Guadalajara y Zapopan, se deslindaron del pleito, sabedores que les ofrece mejores dividendos estar del lado del “Licenciado” que de quien en dos años dejará el gobierno.

Ya veremos, pues, cómo se desarrolla este conflicto donde se juegan los intereses de los verdaderos protagonistas.

Al tiempo…