Una ley mal diseñada, de esas que se aprueban sin considerar sus efectos ni los recursos que se requieren para implementarla, tiene a las corporaciones policiacas de todo el país en jaque.
Con el objetivo de depurar las policias federales, estatales y municipales, el presidente Calderón mandó al Congreso de la Unión, y éste las aprobó, reformas al sistema nacional de seguridad para echar para afuera de las instituciones a los malos policías.
Por el mal diseño de estas reformas, la buena intención de dejar en las corporaciones únicamente a aquellos policías en los que la sociedad y las instituciones pudieran confiar se está yendo al traste.
Estas son algunas de la deficiencias que tienen dichas reformas:
1. La reforma estableció la creación de la certificación policial, misma que se adquiere a través de una serie de exámenes que únicamente pueden hacer instituciones autorizadas por una entidad del gobierno federal. Sin embargo, prácticamente ninguno de los estados y municipios del país pudo cumplir con el término establecido porque la ley no previó con objetividad los recursos y el tiempo que en verdad se requerían para cumplir con esa meta.
2. La depuración establece que quien no sea considerado apto, o sea que repruebe los exámenes de confianza, deberá ser dado de baja de la corporación, pero no deja claro cuál deberá ser el tratamiento que debe dársele al policía corrido. Tampoco establece un sistema transparente mediante el cual tanto el policía reprobado como la sociedad puedan conocer la veracidad y la confiabilidad del resultado.
3. Como toda acción humana, es de considerarse que los responsables de aplicar los exámenes pueden tener errores, tanto cuando aprueba como cuando reprueban a un elemento. Por lo tanto, debería existir un mecanismo de verificación de los resultados para el interesado y para la sociedad.
4. Ha trascendido ya que existen elementos que -no obstante que reconocieron haber cometido faltas graves en las entrevistas con los evaluadores- finalmente fueron aprobados, mientras existen cientos de policías que se niegan a ser corridos, pues niegan estar en los supuestos de reprobación.
5. Así como existen dudas de que todos los que fueron reprobados tengan verdaderos motivos para serlo, también existen las sospechas de que entre los aprobados haya elementos que no deberían continuar dentro de la actividad policial.
6. Finalmente, existen incongruencias en la forma en que se están procesando las salidas de los reprobados. Por ejemplo, a quienes resultan positivo en los exámenes de drogas y alcohol, cualquiera pensaría que en lugar de echarlos a la calle sería más conveniente mantenerlos bajo vigilancia y exigirles la desintoxicación a cambio de mantenerse en el trabajo.
Pero la peor contradicción se da cuando un elemento es dado de baja por haber resultado sospechoso de tener antecedentes delictivos o relaciones con el crimen organizado, porque en estos casos se les está dando de baja ¡pero no se les está deteniendo ni abriendo procesos!
Lo dicho, cuando desde el diseño de una ley las cosas se hacen mal, no se puede esperar que la implementación de la misma dé buenos resultados. Por eso en muchos municipios y estados la depuración de las corporaciones está haciendo crisis.
La mayor preocupación social que está dejando este supuesto proceso de depuración de las policías en todo el país es clara: que buena parte de quienes están siendo de baja encuentren en la delincuencia un refugio laboral.
14 enero, 2013
