Gilberto Pérez Castillo
Con el único objetivo de mantener la chamba, más precisamente el jugoso sueldo mensual que reciben por hacer casi nada, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco José Luis Castellanos González y algunos consejeros, han filtrado la versión de que los partidos políticos quieren correrlos del cargo como castigo por su intención de multarlos por haber rebasado los topes de campaña ¡en la elección del 2006!
Algunos lideres de opinión, actuando de buena fe, como el dirigente empresarial Pablo Lemus, se han creído la versión de los interesados y han cuestionado el proyecto de reforma que, entre otras cosas, podría echar para afuera a los actuales integrantes del Instituto.
Sin embargo, dos aspectos acaban fácilmente con la versión difundida por Castellanos y algunos consejeros, que ahora se quieren pasar como las columnas vertebrales de nuestra democracia:
1. Las posibles sanciones a los partidos políticos aún no están resueltas, pues el proceso que podría llevar a ellas aún es largo. Además la sustentación jurídica para aplicar dichas sanciones es muy endeble, por lo que legalmente es más probable que los partidos no sean sancionados a que puedan ser castigados.
En realidad, en el ánimo de las dirigencias estatales de los partidos existe la convicción de que no hay condiciones legales para ser sancionados, por lo que es falso que éstos tengan el temor de ser multados severamente por el Instituto.
2. El hecho de que hasta ahora, dos años después de la elección del 2006, el Instituto Electoral no haya resuelto sobre el tema del excesivo gasto de los partidos políticos en la pasada elección habla de la ineficiencia de sus responsables, lo que representaría un motivo más para despedirlos.
Lo cierto es que en el fondo, lo que mueve a José Luis Castellanos y a los demás integrantes del Instituto Electoral a combatir la reforma en construcción, es cuidar el jugoso sueldo mensual que reciben a cambio de hacer casi nada y no la defensa de las instituciones o de la legalidad.
