Ayer se publicó un extrañamiento que más bien es una crítica para la Fiscalía General del Estado, está vez desde la editorial del Semanario arquidiocesano de Guadalajara.

El motivo que originó este editorial fue la filtración a algunos medios de comunicación, del acta de detención de Cristian Octavio Cholico, asesino confeso del sacerdote católico Juan Miguel Contreras García, vicario parroquial en San Pío de Pietrelcina, en Tlajomulco de Zúñiga el 20 de abril de este año.

Si bien es cierto que la filtración de información por parte de la Fiscalía no fue lo correcto, debemos reconocer que, a lo largo de la administración del Fiscal Raúl Sánchez, la dependencia ha dado resultados positivos en los delicados casos que le ha tocado investigar.

Sin embargo, la Fiscalía sigue presentando el sello característico de la dependencia, son deficientes en su comunicación. Mientras que como sociedad en Guadalajara se sigue pensando que presentar como resultado de una investigación criminal: actividades delictivas, relaciones con delincuentes o negocios dudosos por parte de las víctimas de un delito, es criminalizarlos.

En el caso de la desaparición de los tres estudiantes de cine en Tonalá, cuando la Fiscalía mostró la relación familiar de Javier Salomón con Edna Judith Aceves Félix, su tía. Ella es suegra de Diego Gabriel Mejía Oliden, “El Diego”, dueño de la finca donde los estudiantes grabaron y donde en 2015 “El Diego” fue detenido.

Esta información fue tomada como una afrenta a la desaparición de los estudiantes, e incluso se acusó a la Fiscalía de criminalizar a las víctimas, sin embargo, existe la evidencia y los testimonios que acreditan toda la relación familiar que dio como resultado el asesinato de los estudiantes, producto de una confusión.

En el caso de los tres italianos desaparecidos el 31 de enero en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. La información del 21 de febrero donde se dio a conocer por parte del Fiscal Sánchez Jiménez que uno de los tres desaparecidos fue detenido hace tres años en el estado de Campeche por un presunto fraude, nuevamente levantó voces que señalaban la intención de criminalizar a los desaparecidos.

Pareciera que en nuestra sociedad se busca que las autoridades lleguen al fondo en las investigaciones, siempre y cuando no se dé a conocer si alguna actividad o relación delictiva da como resultado el daño recibido por la víctima.

En el caso del sacerdote católico Juan Miguel Contreras García, el resultado de los exámenes periciales solo confirmaron que la agresión directa de la que fue víctima presentaba todos los agravantes de ley, la observación directa de la escena ese día ya lo anticipaba. La declaración del asesino solo confirmó el móvil que originó el crimen, la observación directa de la escena ese día mostraba la saña que la pasión desbordada propicia.

Como anteriormente dije, la filtración de información por parte de la Fiscalía no fue lo correcto en el caso del sacerdote católico Juan Miguel Contreras García, pero el hacer público un extrañamiento por parte de la Arquidiócesis de Guadalajara solo trae más atención a un caso que por el bien de la organización eclesiástica, debería dejar que siguiera su curso final.

En los casos donde las investigaciones de la Fiscalía aclaran hechos y acciones, debemos recordar el principio del derecho que dice:

“Se dice claro lo que consta por confesión, por prueba legítima o por evidencias”.