En Jalisco nada es más surrealista que el Congreso del Estado. Ahí, en el recinto Legislativo los diputados -de cualquier Legislatura- son capaces de hacer “parar” el tiempo y crear su propio “tiempo legislativo”. Ahí, en 2018 los diputados pueden tomar una decisión basada en una reforma de ley de un año antes -2017-, pero cuatro años después -en 2022-, argumentar que esa misma decisión no puede llevarse a cabo porque aquella reforma no estaba consumada.

Así de patéticos…

Pero qué podemos reclamarles a estos señores si son la máxima expresión en carne y hueso de aquella máxima que reza: “El que hace la ley, hace la trampa…”. Y qué curioso, se inclinan muy fácilmente a favor de hacer la trampa antes que la ley, que es su obligación primaria como integrantes del Poder Legislativo. Quizás porque para hacer la trampa no se agobian nada.

Bueno, pues el más claro ejemplo de todo esto es lo que acabamos de ver con la ratificación de Luis Joaquín Méndez Ruiz como nuevo Fiscal General del Estado, luego de la renuncia de Gerardo Octavio Solís Gómez por razones de salud.

El desaseo con que se llevó a cabo este proceso, que comenzó con el inicial envío de parte del Ejecutivo de una terna para que el Legislativo “eligiera” de entre sus integrantes a quien considerara el indicado -sabedores de que la “línea” desde Casa Jalisco iba incluida-, que luego fue cancelado para ser sustituido por el envío de un solo nombre ya designado para que únicamente fuera ratificado por los diputados, generó todo un conflicto que se prestó a las interpretaciones según los intereses de las partes.

Lo absurdo de esto es que mientras en 2018, previo a asumir su cargo, el entonces gobernador electo Enrique Alfaro envió al Congreso una terna de la que salió designado Octavio Solís Gómez, sin argumentar artículo transitorio alguno de la reforma aprobada apenas un año antes, ahora, cuatro años después, se apela a ese transitorio para no presentar la terna sino enviarle al Legislativo el nombre de quien el Mandatario estatal decidió que debe ser el nuevo Fiscal General.

¿A dónde lleva todo esto? A que la Fiscalía se mantenga como una dependencia más del Ejecutivo y no se le otorgue la autonomía que debe de existir para no estar a la orden del gobernador y actuar en función de las filias y fobias o para ajustar cuentas políticas.

Tras todo este embrollo, los diputados se dieron cuenta de que deben de cumplir con su obligación y realizar las reformas necesarias para que esa Fiscalía tenga verdadera autonomía, y ahora ya hay sobre la mesa varias iniciativas con ese objetivo. Pero, mientras tanto, “palo dado ni Dios lo quita”.

Sí, no le falta razón a los diputados que piden una Fiscalía autónoma, como a la diputada Mirelle Montes que al hacer uso de la voz dijo que se requiere una Fiscalía “que sí tenga autonomía para defender a las mujeres violentadas; que les dé respuesta a las familias de los desaparecidos; para defender a los enfermos del río Santiago; para defender a las y los estudiantes violentados; para perseguir los delitos y no sólo los compromisos del poder; (…) para defender a las personas y no al uso faccioso del poder; que no esté sujeta a la trampa (…); que no utilice la justicia como el brazo de la operación política…”.

Y cuando remató: “La trampa de los tramposos no debe reflejarse en una autonomía disfrazada que en los hechos sólo defiende los intereses de unos cuantos…”.

Pero esas son palabras bonitas que deben traducirse en hechos a la mayor brevedad. Pero valdría preguntarse qué tan posible es que lleven a cabo las acciones y tomen las decisiones para darle autonomía a la Fiscalía General, cuando los propios diputados no son capaces de ejercer y hacer respetar la autonomía del Poder Legislativo. No puedes dar lo que no tienes, bien dice la sabiduría.

Por lo pronto, más vale que se desengañen quienes creen que en los hechos la Fiscalía General obtendrá su autonomía en lo que resta del actual gobierno. ¿Cómo, si quienes deben de dársela son igual o peor de dependientes del Ejecutivo?