“He tomado la decisión de aceptar su petición y de entender que estamos en un momento en el que todos tenemos que poner voluntad, con esto queremos dejar claro que lo que busca el Gobierno no es recaudar más dinero, sino que la ciudad funcione bien, y he tomado por ello la decisión de firmar en este momento para modificar la Ley de Ingresos y evitar el cobro que se había planteado de 6 mil pesos, para poder circular por nuestra ciudad”, dijo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al anunciar la cancelación del cobro a Transportistas de carga.
En su comunicación por medio de vídeo en redes sociales, Enrique Alfaro en su generosidad evita señalar que, la convocatoria al paro nacional es resultado de tener un Congreso incapaz a su servicio.
Según Mario Silva, director del IMEPLAN, su responsabilidad fue la publicación de lineamientos; los permisos son responsabilidad de la Secretaría de Transporte, de Diego Monraz; la vigilancia y socialización corresponderá a la Policía vial -sí la hubiere-; pero, el Congreso de Jalisco -lease: los diputados que sirven al Gobernador-, fueron quienes hicieron la reforma a la Ley de Ingresos y establecieron el cobro de los 6 mil pesos.
El 11 de diciembre pasado, con 37 votos a favor y 1 en contra del diputado de Morena Bruno Blancas, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la Ley de Ingresos del Estado para 2020; ahí es donde se aprobó el permiso para Transporte de carga en 6 mil pesos anuales y mil pesos el permiso por 72 horas.
Entonces, en el Congreso, Jonadab Martínez de la Comisión de movilidad, Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda, Salvador Caro jefe de los diputados de MC, fueron incapaces de ver el problema nacional en que se metían con el cobro de 6 mil pesos,
En su soberbia, una vez aprobado el dichoso permiso, no quisieron escuchar a los dirigentes del transporte de carga y echar para atrás el cobro, sus “mesas de diálogo”, al no ser con amigos a modo y asesores de relleno, no dieron resultado.
La regulación del transporte de carga como pretexto para cobrar 6 mil pesos por unidad, era legalmente cuestionable, y más, cuando en la Ciudad de México existe también una regulación al Transporte de carga, sin permiso oneroso.
Pero el afán de recaudar les ganó a los diputados del Gobernador, quienes al no ser un poder independientemente del Poder Ejecutivo, son incapaces de cuestionar y decidir en contra de proyectos tan cuestionables como el que ahora los deja en evidencia.
Y estos diputados son los que quieren hacer “su” Constitución al Gobernador.
