Uber llegó a ofrecer sus servicios a la zona metropolitana de Guadalajara en el 2014. Su llegada fue tomada como un agravio por el viejo y malo sistema de taxis que prevalece en la ciudad, y que es producto de la corrupción que permitió que políticos y líderes sindicales acumularan permisos, el abuso a los usuarios y la explotación a los taxistas.
En cuanto se enteraron de su llegada, quienes por décadas han explotado a los taxistas, los dueños de los permisos y taxis (líderes sindicales entre ellos), han estimulado a sus choferes a emprender una guerra contra Uber, como si éste y las otras plataformas digitales fueran sus verdaderos enemigos.
De entonces para acá los usuarios hemos sido testigos de amenazas y agresiones violentas a chóferes de Uber, de manifestaciones de un lado y otro, de dimes y diretes, de reuniones de ambas partes con funcionarios del gobierno estatal y diputados, de supuestas consultas, de la presentación de una iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval en septiembre -dizque para regular a los nuevos prestadores de este servicio- que tiene seis meses en el limbo, del intento de sacar provecho mediático de algunos funcionarios públicos estatales, de supuestos acuerdos alcanzados con los amarillos, sin que se haya resuelto el conflicto.
Y todo esto en el marco de una supuesta reforma de fondo del sistema de transporte público emprendida por esta administración y que ha dado magros resultados.
En sus tiempos de secretarios de Movilidad y Trabajo respectivamente, Mauricio Gudiño y Eduardo Almaguer (éste por motivos más mediáticos que de competencia) nada más manosearon el asunto pero, por supuesto, no lo resolvieron. El actual secretario de Movilidad Servando Sepúlveda, con todo y su supuesta experiencia, tampoco ha podido encontrarle la punta de la hebra al enredo.
Ni el secretario de Gobierno Roberto López Lara en todos estos meses ha logrado ofrecerle a su jefe, el gobernador, una salida al conflicto.
Como sucede con frecuencia en este gobierno, el afán de quedar bien con todos y no arrugarse la camisa a la hora de tomar decisiones, y ante la dificultad de encontrar una solución que deje a todos contentos, la administración de Aristóteles Sandoval dejó que transcurriera el tiempo (tal vez esperando que el problema se arreglara solo), consiguiendo que el conflicto se agudizara y agravara.
La llamada megamanifestación de los taxistas este martes, que colapsó a la ciudad, pudo haberse evitado si algunos funcionarios dentro del gobierno estatal hubieran hecho su trabajo.
El asunto de fondo se pudo haber resuelto hace tiempo, precisamente tomando decisiones y anteponiendo los intereses de los usuarios a los de los líderes sindicales y dueños de los taxis.