¿Para qué sirve el zar anticorrupción en Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, si a final de cuentas para combatir este delito el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez lo hace a un lado y recurre al auxilio de las autoridades federales, concretamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero?

¿O hay alguna limitante para que De la Cruz Tovar tome cartas en el asunto en presuntos casos de corrupción en el Poder Judicial, que es la materia que el Mandatario estatal busca combatir con el apoyo del gobierno federal y que fue motivo para que planteara el problema ante el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)?

Pero es más, ¿tiene facultades el Gobierno Federal para inmiscuirse en asuntos que competen al Poder Judicial del Estado y que es jurisdicción de las autoridades locales, como sería inicialmente el Consejo de la Judicatura del Estado, la Fiscalía General y particularmente la Fiscalía Anticorrupción?

El lunes pasado, en Lagos de Moreno, el gobernador Alfaro Ramírez reveló que “lo que le pedí al fiscal (Alejandro) Gertz es que nos metamos a fondo. Me da mucho coraje porque mi responsabilidad es dar la cara todos los días, mientras un montón de jueces ineptos, corruptos, están muy contentos en sus casas diciendo que están actuando apegados a la ley y los delincuentes están en la calle”.

Una pregunta: ¿le corresponde a la Fiscalía General de la República conocer de casos de corrupción del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuando no son de su jurisdicción? ¿Y qué, entonces con la Fiscalía Anticorrupción que encabeza De la Cruz Tovar? ¿Y qué de la Fiscalía General cuyo titular es Gerardo Octavio Solís Gómez? ¿Y qué del Consejo de la Judicatura de Jalisco que preside el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro?

¿No es el Consejo de la Judicatura, más que el Supremo Tribunal de Justicia, el responsable de los nombramientos y de vigilar la actuación de los jueces, que al parecer se han convertido en el dolor de cabeza de Alfaro Ramírez?

El propio Alfaro así lo reconoció luego de la reunión de la CONAGO. Dijo textualmente: “En Jalisco existe una instancia encargado de ello (la regulación), que es el Consejo de la Judicatura, pero si el Consejo de la Judicatura no hace su trabajo, siguen prevaleciendo prácticas, siguen existiendo controles que hacen que nada pase, que siga habiendo impunidad absoluta…”.

¿Y entonces por qué no meter en cintura al Consejo de la Judicatura? ¿Por qué, entonces, no pensar en su desaparición si no da los resultados esperados sino, por el contrario, como él mismo lo dice, no hace su trabajo?

¿Ignora o se le olvida al gobernador cómo se integra el Consejo de la Judicatura? ¿No es, acaso, a través del reparto de cuotas entre los partidos políticos representados en el Congreso del Estado? ¿Acaso ignora que su partido, Movimiento Ciudadano, participó en ese reparto y tiene su cuota en ese Consejo?

Para nadie es un secreto -y eso lo sabe él y los miembros de su partido MC que no están exentos de intereses en el Poder Judicial-, lo que dijo: “Este poder ha tenido controles, ha tenido dueños, ha tenido una manipulación permanente de las decisiones que ahí se toman y esa historia llegó a su fin. Va a llegar a su fin no solamente por la investigación que se va a hacer sino por la reforma que vamos a presentar la próxima semana para que nunca más el nombramiento de magistrados ni de jueces esté sometido al manoseo político”.

Este discurso de Alfaro Ramírez es similar al discurso de Alberto Cárdenas cuando el PAN llegó por primera vez a la gubernatura, y quedó de manifiesto que con este discurso el PAN quería hacerse del control del Poder Judicial, que años después logró a medias al hacerse del control del Consejo de la Judicatura, de donde al parecer ha sido desplazado, pero sin perder aún influencia.

¿No es ahora éste el interés del partido alfarista Movimiento Ciudadano? ¿Hacerse del control del Poder Judicial?

Así, pues, en este asunto de la presunta corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro tendrá que buscar otras alternativas, tendrá que indagar otros rumbos para combatirlo, porque difícilmente el gobierno federal podrá inmiscuirse en asuntos que le corresponden atender y solucionar al ámbito estatal, y particularmente al Poder Ejecutivo a través de las herramientas de las que lo ha dotado el Poder Legislativo.

Pero mientras llega este momento, bien haría el fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, preguntarse qué hace entonces al frente de esta instancia si el propio gobernador del Estado decidió que no es apto para combatir la corrupción en el Poder Judicial o, cuando menos, que la Fiscalía Anticorrupción no es su opción para resolver ese problema que dice -sólo dice, por ahora-, quiere resolver.

Al tiempo.