Para bien del estado, hoy termina la Legislatura número 59 del Congreso del Estado, seguramente la peor de la historia.
Sin regatearles los suficientes méritos negativos que hicieron las dos legislaturas anteriores, ésta se consolidó como la más mala entre las malas por haber llevado al Legislativo jalisciense a su peor condición.
La 59 Legislatura falló en el cumplimiento de las tres principales funciones constitucionales que tiene asignadas: legislar, revisar el uso de los recursos públicos y castigar a los corruptos, y ser contrapeso de los otros dos poderes.
En cambio, fue prácticamente perfecta en lo que a corrupción se refiere: abuso en el uso de los recursos públicos que tiene asignados, incremento desmesurado e injustificado de la nómina, desorden administrativo, negociación de la aprobación de cuentas públicas, que en conjunto generaron una deuda superior a los 250 millones de pesos que tendremos que pagar los jaliscienses.
Aunado a la deuda ya establecida, los jaliscienses también tendremos que pagar las multimillonarias cifras que arrojen los juicios laborales que se tramitarán por empleados traídos al Congreso por los propios diputados y que ahora exigen continuar trabajando en él, aunque nadie los necesita, o una jugosa indemnización.
La 59 Legislatura, en suma, deja al Congreso de Jalisco sumido en su peor crisis histórica: de imagen, institucional, financiera y en su vida interna.
Los responsables
Los coordinadores de las fracciones partidistas en la 59 Legislatura están en la primera línea de las responsabilidades legales y políticas. Pero son todos los 39 diputados que la integraron cómplices y corresponsables del desmadre legislativo.
Roberto Marrufo fue el coordinador del PRI. Abraham González, José María Martínez, Gustavo Macías y José Antonio de la Torre lo fueron por el PAN. Raúl Vargas del PRD y Enrique Aubry del Partido Verde.
Junto con ellos, los otros 32 diputados también fueron corresponsables del desfalco al Congreso.
En un ambiente político y social donde la gente ya no está dispuesta a aceptar que estos escándalos se sigan dando sin que haya castigo a los responsables, corresponde a la entrante 60 Legislatura y a los gobernadores saliente y entrante asumir su responsabilidad de sancionar, con todo el peso de la ley, a quienes llevaron la corrupción en el Congreso a sus extremos.
No basta que sus respectivos partidos expulsen de sus filas a los responsables, ni será suficiente con que se presenten denuncias que acaben en un cajón esperando que las cosas se olviden.
Ahora se trata de dar un paso determinante en la historia de Jalisco, llevando a los tribunales y a la cárcel a quienes no han entendido que el servicio público está pensado para mejorar la vida de la gente y no para enriquecer ilegalmente a quien lo ejerce.
Los deslindados
Ni las bravatas de diputados como Héctor Alvarez (PAN), que creen que decir que se avergüenza de haber pertenecido a esta 59 Legislatura -y que hasta hizo la payasada de romper frente a los medios el reconocimiento que le otorgaron por ser parte de la misma-, ni los esfuerzos de otros, como el hoy senador Jesús Casillas, que creen que su historia se limpia por conseguir la renuncia de sus recomendados a las indemnizaciones que exigían (con la promesa de colocarlos en otros lugares), deben ser excluyentes de las responsabilidades que tienen por haber sido cómplices del desfalco durante tres años.
Todos, los 39 diputados que integraron la Legislatura que hoy termina su ciclo constitucional son responsables, y todos deben ser sancionados.