Gilberto Pérez Castillo
El intento del gobernador Francisco Ramírez Acuña de filtrar, dentro de una serie de reformas aparentemente lógicas, una modificación a la ley que regula la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, para eliminar una disposición que lo tiene ahora acusado ante el Ministerio Público, como medio para librar la sanción y para no empañar sus deseos de integrarse al gobierno de Felipe Calderón, muestran como las leyes en Jalisco pueden modificarse a capricho de algún político.
En contubernio con el gobernador Ramírez Acuña, un grupo de diputados del PAN, del PRI y del PRD, que creen que también podrían verse perjudicados por esa disposición legal a futuro, se sumaron al intento de cambiar esa ley, lo que muchos consideran un retroceso en materia de transparencia en Jalisco.
No obstante las numerosas expresiones de expertos, organismos públicos y privados, universidades, líderes de opinión, y aún la de sus propios partidos políticos, los diputados que ya se comprometieron con el gobernador a regalarle esa reforma se empecinan en buscar un hueco para salirse con la suya.
La segunda muestra reciente de que los integrantes del Congreso pueden estar siendo constantemente inducidos a servir a intereses ajenos a los de los jaliscienses se evidenció cuando trataron de explicar cómo se sufragarían los gastos del viaje que un grupo de legisladores hicieron a China y otros países de oriente.
Para justificar su viaje, algunos diputados señalaron que los boletos de avión y el hospedaje corrían por cuenta del gobierno chino, que fue quien los invitó a realizar el viaje.
Como es de imaginarse, un gobierno como el chino entiende perfectamente el uso que se le puede dar a un viaje como éste y sabe que muchos legisladores en el mundo pueden ser fuertemente influenciables a través de atenciones como las que les brindó a los diputados de Jalisco.
Es práctica común de gobiernos y grandes empresas hacer este tipo de invitaciones porque se ha probado que son un buen mecanismo para comprar las voluntades de gobernantes y de legisladores.
Un tercer botón de muestra de la sumisión de los diputados a los intereses particulares es la reforma que pretende cambiar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para impedir que ésta pueda ser reformada a futuro por un mínimo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
Esta reforma también tiene un beneficiario particular y éste es el grupo político que controla a la casa de estudios y que prevé que el próximo gobierno estatal podría tratar de modificar esta ley para profundizarla también en materia de transparencia y rendición de cuentas de la universidad.
Por los compromisos que algunos diputados tienen con el grupo político universitario, pronto se dieron a la tarea de presentar la iniciativa y de buscar los votos para tratar de sacarla adelante lo más pronto posible.
Estos tres hechos nos señalan claramente que en la actualidad las leyes en Jalisco se crean y se reforman de acuerdo a los intereses particulares y coyunturales de los poderosos y no para generar mejores condiciones de vida para la mayoría de los habitantes del Estado.
Ante esta descarada transacción legislativa ni los propios partidos políticos que postulan a quienes hoy son diputados han podido meter en cintura a los legisladores que con cinismo transan las reformas.
Por eso, resulta necesario impulsar y presionar para que pronto Jalisco cuente con una moderna ley que regule las actividades de cabildeo en el Congreso.
Se necesita un ordenamiento que obligue a los diputados a informar qué personas o grupos tienen reuniones con ellos para tratar de influir en su intención de voto; que prohíba a los diputados recibir atenciones, regalos, pagos o cualquier beneficio por votar en algún sentido; que obligue a quienes hacen trabajo de cabildeo a registrarse y a hacer públicos los intereses que representa y los mecanismos de convencimiento que utilizan; y que establezca castigos severos para los diputados que voten una ley a cambio de beneficios personales y a quienes compren por cualquier medio que no sea el convencimiento la voluntad de los legisladores para beneficiar sus intereses particulares. *Publicado en el Semanario Crítica el 2 de Octubre de 2006.
