Postura ante la salida de funcionario del gobierno del estado de Jalisco que hostiga y amenaza
Guadalajara, Jalisco, 1° de abril 2011
El pasado 27 de marzo, un conjunto de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación denunciamos el hostigamiento, difamaciones y amenazas que Alberto Jiménez Martínez, conocido como “La Antena”, ha llevado a cabo en contra de más de una veintena de trabajadores de los medios. Reconocemos la decisión del Poder Ejecutivo, de aceptar el pasado martes la renuncia de ese personaje a la plaza donde cobraba en la Secretaría de Finanzas.
Aunque la salida de Alberto Jiménez es una medida que habíamos exigido, no es suficiente. Queda pendiente responder el cuestionamiento a la actual Administración estatal, sobre la labor de presión y hostigamiento para el ejercicio periodístico, ejecutada a través de este ex funcionario público. El simple acto administrativo-laboral con el que se quiere zanjar este asunto, no lo aclara.
El Poder Ejecutivo no ha informado, a pesar de las solicitudes que se hicieron por transparencia, las tareas encomendadas a Alberto Jiménez en las plazas a las que estuvo asignado durante los 48 meses en que cobró en el gobierno del estado. En el escueto comunicado oficial, no se explica quiénes eran sus jefes inmediatos y tampoco si la investigación interna, sobre estas maniobras de presión en contra de periodistas, llegará a mandos más altos.
Los trabajadores de los medios de comunicación que firmamos este pronunciamiento, tenemos información e indicios que nos permiten sostener que Alberto Jiménez no actuaba por su cuenta, sino que sus tareas sistemáticas de hostigamiento y difamación (que llegaron a amenazas directas), eran decididas en otras áreas y niveles del Poder Ejecutivo.
En el comunicado de prensa en el que se informa la salida de Alberto Jiménez, el Ejecutivo señala que mantiene su “compromiso y convicción a favor del derecho a la información en un marco de libertad”. Este discurso no corresponde a la realidad, pues funcionarios del Ejecutivo han admitido que la computadora que usó Alberto Jiménez para difamar a través de perfiles falsos de redes sociales y correos electrónicos, pertenece al gobierno del estado. Además, la evidencia de que Alberto Jiménez estaba comisionado a una dependencia ya desaparecida (la Coordinación de Innovación y Desarrollo, suprimida en junio de 2010), habla de una irregularidad administrativa grave, que debe ser investigada y sancionada.
Respetamos el derecho de Alberto Jiménez de emprender las acciones legales que ha anunciado.
Reiteramos que esta no es una pelea de un conjunto de reporteros contra un simple funcionario público; se trata de la defensa del trabajo periodístico sin presiones y, por tanto, de la libertad de expresión y del derecho que tiene la sociedad a ser informada.
Consideramos inadmisible que Alberto Jiménez, el grupo político que le ha pagado servicios en los últimos ocho años o que otros personajes que hacen funciones semejantes a las de “La Antena” en distintos gobiernos o entidades públicas, consideren justificado el acoso, el hostigamiento o la amenaza a alguien por su credo político o militancia.
Así como defendemos la libertad de un trabajo periodístico sin presiones, nos pronunciamos por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de profesar el credo o convicción política que cada quien tenga.
La reacción colectiva de trabajadores de medios de la entidad ha motivado que, de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abriera una queja por denuncias de acoso y amenaza. Quienes firmamos este pronunciamiento y quienes se adhieren a él, exhortamos a la CEDHJ a mejorar la aplicación de medidas cautelares que los protocolos nacionales e internacionales ofrecen para casos como este. Lo hacemos con la intención de que dicho esfuerzo ofrecerá herramientas ahora y en el futuro para nosotros y para todos los trabajadores de medios que sean hostigados y amenazados.
Finalmente, los trabajadores de medios que signamos o nos adherimos a este pronunciamiento damos la bienvenida a la crítica, y el debate que este ejercicio colectivo de periodistas ha generado. No avalamos una visión simplista, dicotómica o acartonada entre “puros” e “impuros”, sino que sí estamos abiertamente a favor de un trabajo periodístico honesto y de contenido ético.
Asumimos dicha postura con autocrítica, admitiendo que muchas veces en nuestro trabajo hemos servido, consciente o inconscientemente, al poder y que muchas veces hemos sido simples recaderos de la clase política. Este ejercicio de autocrítica nos motiva a reflexionar sobre nuestra práctica para intentar hace un periodismo más abierto, genuino y menos dependiente de los intereses de los grupos de poder político y económico que hay en el estado.