Para nadie era desconocido que una “enfermedad” permanente que ha padecido desde hace ya varias Legislaturas el Congreso del Estado es el de la “obesidad”, sin contar con las diversas “aviadurías” que cada tres años renuevan de “pilotos”, pero sin duda que era necesario un estudio que revelara con más precisión las deformidades administrativas -o al menos que se hicieran públicas-, como el que le encargaron al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin duda que una buena tarea tendrá el secretario general, Tomás Figueroa Padilla, para poner orden en el área administrativa que es su responsabilidad, pero para ello deberá de contar con la voluntad política de los coordinadores de las bancadas legislativas e integrantes de la Junta de Coordinación Política, porque tendrán que tomar decisiones que no les serán muy gratas cuando se trata de “cortar cabezas” de algunos de sus colaboradores… siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo.

Eso de que de cada diez empleados, seis salen sobrando, es más que revelador de que el Congreso del Estado se ha convertido en un verdadero “centro de reclutamiento” de quienes seguramente ganan un sueldo sin hacer nada. Ya con eso es suficiente para demostrar la forma en que se derrochan los recursos públicos en el Poder Legislativo.

Pero IMCO también encontró estas otras “perlas”:

  • El 26% de los empleados laboran en una actividad que no corresponde con su nombramiento.
  • Empleados que tienen el mismo puesto, pero con salario diferente.
  • Personal con apenas educación básica que gana más que algunos que cuentan con maestría o doctorado.
  • Existen 16 puestos que no se encuentran registrados en el Catálogo de Puestos del Poder Legislativo.

Si toda esta “radiografía” que hoy conocemos con mayor claridad de los entretelones administrativos del Congreso del Estado no hace reaccionar y actuar en consecuencia a los diputados, quiere decir, por tanto, que el Poder Legislativo cada vez se confirma como un gran “negocio” para las fracciones legislativas, primero, y para cada uno de los diputados que lo integran, después.

En pasadas Legislaturas hubo serios intentos por poner orden administrativo, pero siempre se atravesaron los intereses y acuerdos políticos de las fracciones legislativas y de los diputados en concreto. Hoy, como dijo la promotora de este estudio, la diputada Mara Robles Villaseñor, es el momento para que el Poder Legislativo lave cuando menos una pequeña parte de la enorme mancha de desprestigio que lo ha caracterizado durante ya muchos años.

Pero reitero, y eso todos lo saben dentro y fuera del Congreso del Estado, esa “limpia” sólo será posible con la voluntad política de los 39 diputados. Si no es así, anotémosles entonces un nuevo fracaso y la permanente burla a la sociedad.