Por Julio César Hernández
Una explicación tendrá que dar el ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, José Luis Castellanos González, sobre su sorpresiva renuncia al cargo, cuando un día antes había asegurado que no negociaba su salida ni había presentado su renuncia.
Pero no sólo eso. Por salud de la institución que él dijo defender y por la limpieza de su imagen –si es que le interesa-, debe salir a dar la cara y aclarar si son ciertas las versiones de que renunció a cambio de recibir 6.5 millones de pesos.
Hay quien asegura que si no fuera cierto que recibió esa cantidad, primero no se hubiera ido o renunciado en la forma en que lo hizo; segundo, que ya hubiera dado la cara para detener esas afirmaciones contra su persona que afectan su persona. Pero ha preferido guardar silencio.
Y algo habrá de cierto en lo que se dice sobre el monto económico que habría recibido –que a ojos de propios y extraños es exagerado e ilegal, toda vez que quien renuncia no se hace merecedor a ese jugoso regalo, porque no es otra cosa que eso-, pues extrañamente los diputados han guardado silencio al respecto.
Claro, como el dinero no sale del bolsillo de los diputados –si ellos fueron los otorgantes de esa “liquidación”-, pues ningún empacho tenían en darle lo que pidiera si eso les significaba quitarse el principal obstáculo que tenían para lanzar la convocatoria para elegir al presidente del Instituto y a los seis consejeros restantes.
Nadie podrá negar que su resistencia y oposición a las reformas electorales y el recurrir a las instancias judiciales no eran sino una forma de presión para que le agregaran el mayor número de ceros a su cuenta. Y si no es cierto todo esto, ¿por qué se fue por la puerta de atrás y ha guardado silencio hasta ahora?
La sociedad a la que él dijo representar –al tiempo que se rasgaba las vestiduras- merece una explicación, porque si no entonces así como denunció que los partidos querían un Instituto “a modo”, podríamos decir que él presionó hasta tener una cuenta “a modo”.
