Por Julio César Hernández

Andrés Albo Márquez será el presidente provisional del Instituto Federal Electoral (IFE), de acuerdo a la decisión de sus compañeros consejeros que emitieron una votación dividida y en la que finalmente él fue elegido.

La irresponsable decisión de los diputados de no cumplir con lo marcado en la reforma electoral, de designar a tres nuevos consejeros electorales –entre ellos a quien será el nuevo presidente-, 30 días después de entrada en vigor dicha reforma, puso en predicamento a los legisladores mismos al no llegar a un acuerdo y ahora a los consejeros electorales para elegir a quien sustituirá a Luis Carlos Ugalde.

Andrés Albo fue uno de los dos consejeros que desde que se conoció la renuncia de Ugalde, su nombre fue mencionado junto con el de Arturo Sánchez Gutiérrez, para ocupar la presidencia.

A la ciudadanía en general poco o nada les dice el nombre de Albo Márquez, pero quienes se manejan en ese terreno de la política electoral saben –y así nos lo reveló el viernes pasado Enrique Ibarra Pedroza-, que es un hombre muy allegado al actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcaditas, al igual que Sánchez Gutiérrez, quien inclusive es su compadre y ex socio de despacho.

No perdamos de vista que Juan Molinar es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así es que si nos guiamos por el sentido común y la lógica, podemos concluir que Andrés Albo Márquez es un consejero allegado a importantes funcionarios del gobierno panista, como todo mundo conocía de la cercanía de Luis Carlos Ugalde con la maestra Elba Esther Gordillo.

La verdad es que independientemente de quién sustituya a Ugalde de manera provisional y luego de manera definitiva –si es que los diputados logran ponerse de acuerdo en febrero próximo-, el daño al Instituto Federal Electoral ya está hecho, y es irreversible.

¿Cómo va a generar confianza y credibilidad un organismo electoral –otrora ejemplo nacional e internacional de imparcialidad-, en cuya presidencia habrá de quedar un consejero identificado plenamente con algún partido político?

¿O no fue ese el motivo por el que las tres principales fracciones parlamentarias no llegaron a un acuerdo en la fecha establecida, toda vez que se impusieron los vetos sobre quien cada uno de ellas pretendía imponer en la presidencia?

No hay duda que nuestros legisladores, así como han tomado decisiones de bien para el país, se han encargado de acabar con una institución vital para la vida política y hasta social de México. Y esto, la verdad, no debemos olvidarlo, y mucho menos los nombres de los responsables de este atropello.