Dramática y lamentable la situación de muchos comercios y empresas ante el paso del coronavirus por Jalisco donde aún no llegamos al momento de mayor contagio, como lo han advertido las autoridades federales y estatales. La crisis económica ahoga a muchas empresas de diversos giros.

En el caso particular de los primeros, los comercios, la presidente de la Asociación de Empresarios del centro Histórico de Guadalajara, Ana Luz García Callejas, reveló ayer que varios de sus socios han entrado a una etapa de depresión y enfermedades por el estrés debido a que tuvieron que cerrar sus negocios y la consecuente crisis económica que se agudizó con esta pandemia, luego del amargo lapso que duró la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

Incluso, García Callejas subrayó que se tiene registrado el suicidio de un empresario por esta causa, la crisis económica.

Frente a este triste escenario hay otro de optimismo y pujanza gracias a ser empresas consentidas del gobierno del Estado y que no tienen que enfrentar el engorroso y arriesgado proceso de una licitación, porque ser las favoritas les permite obtener negocios millonarios gracias a las adjudicaciones directas de las que han sido beneficiadas por Enrique Alfaro Ramírez como alcalde de Tlajomulco, presidente municipal de Guadalajara y ahora como gobernador, sin contar las secretarías de Estado y los Ayuntamientos alfarfistas que las premian con este tipo de jugosos contratos en las mismas privilegiadas condiciones.

Y me refiero a las empresas de comunicación Euzen, Indatcom y La Covacha que sin problema alguno, mientras otras son discriminadas, siguen obteniendo millonarias ganancias con sólo abrir la puerta principal de Casa Jalisco, tal y como lo publicó ayer el periódico El Diario NTR Guadalajara en su nota en la que revela que la Secretaría de Salud, que encabeza Fernando Petersen Aranguren, les pagó 2.7 millones de pesos por sus servicios en marzo pasado, ya declarada la emergencia por la pandemia del Covid-19.

Pero no sólo eso. En el mismo mes de marzo les otorgaron contratos por otros 6.3 millones de pesos a través de la Unidad de Dependencias de Apoyo, incluyendo la Dirección General de Comunicación que es la dependencia que debería de hacer el trabajo por el que se pagan millones de pesos a estas tres empresas externas.

O sea, en un mes se llevaron más de 9 millones de pesos las consentidas de Casa Jalisco y anexas.

Refiere la información de NTR Guadalajara que sólo en marzo, la Secretaría de Salud les pagó 88% más de lo que les asignó directamente -sin licitación de por medio-, en todo 2019 a dos de estas tres empresas, Indatcom y La Covacha.

A todo esto, se suma que los contratos con las empresas consentidas del alfarismo no son transparentes, no se revelan los detalles de los mismos, pese a que hay quien ha recurrido al Instituto de Transparencia a solicitar esa información, pero extrañamente son desechadas y se mantienen en la opacidad, lo que abre sospechas de la complicidad del ITAI con el gobierno del Estado.

Así, pues, mientras otras empresas y comercios se han visto obligadas a cerrar sus cortinas y sus fuentes de empleo, y sus propietarios enfrentan las consecuencias físicas y de salud por esta triste medida, a otras les basta con tener la “bendición” del inquilino de Casa Jalisco para llevarse sin problema alguno y sin adversarios enfrente que les hagan competencia, millonarias ganancias.

Lo bueno es que se les quitan las ganas de comer y hasta ganas de llorar les dan.