Por Julio César Hernández
El diputado Samuel Romero Valle, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, afirmó anteayer que el Senado de la República sería responsable de lo que suceda en la zona del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, “porque no obstante que ha habido múltiples reuniones, la Ley Reglamentaria no termina de ser aprobada y han pasado más de dos años. Seguramente no se va a llegar a una resolución y el conflicto va a estar latente”.
Estas declaraciones las hizo luego de conocer de un incidente ocurrido en la zona limítrofe donde salieron a relucir las armas entre elementos de seguridad de Colima y de Jalisco. Pero afortunadamente la sangre no llegó al río.
El propio Romero Valle reveló que estos hechos obligaron a que ayer mismo el gobernador Emilio González Márquez convocara a su equipo de seguridad para analizar la situación.
A su vez, el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, afirmó que el incidente no tendrá mayores repercusiones ni generará más tensión en la zona.
Romero Valle se equivoca cuando responsabiliza al Senado de lo que pudiera suceder en la zona en conflicto, pues quizás no sólo los senadores sean responsables sino también otros actores políticos más que a lo largo de esta historia de disputa territorial no han hecho su tarea o no la han hecho bien.
Y en este punto hablaríamos de ex gobernadores de Jalisco, de ex legisladores y hasta de legisladores actuales, incluyendo a senadores perredistas, diputados locales y autoridades estatales.
Si bien en años anteriores la intervención de autoridades de otro nivel no era posible porque el caso Jalisco-Colima estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hoy que se encuentra en el Senado de la República, creemos que hoy pueden hacer más de lo que en realidad han hecho.
Y ahí están las pruebas. Jalisco no ha sabido demostrar que lo que reclama es de su propiedad, en tanto que su contraparte, Colima, ha presentado las pruebas que sostienen su dicho y ha sido el gobierno que más al pendiente ha estado del desarrollo del caso.
No en vano el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera le dio la razón al estado vecino.
En este asunto, la prudencia debe ser antepuesta a cualquier otra acción, y poco prudente y cauto ha sido el presidente municipal de Cihuatlán, Enrique González Gómez, de quien se quejan “en corto” funcionarios federales, estatales, algunos legisladores y hasta sus propios correligionarios, los priístas.
González Gómez, so pretexto de defender lo que considera propiedad de Jalisco, ha complicado la negociación en niveles superiores. Insistimos, la cautela y la prudencia no ha sido su fuerte.
Es cierto que el Senado debe acelerar el estudio y análisis de este caso, pero no debemos hacernos muchas ilusiones porque los propios integrantes de la Comisión de Asuntos Limítrofes han declarado que no será posible emitir un dictamen a favor de uno u otra entidad.
Por lo tanto, no tiene caso que se le eche más gasolina al fuego. Y el primero en evitar hacerlo es el edil González Gómez.
