Por Julio César Hernández

¿Será necesaria la existencia de una comisión especial que se encargue de evitar que militantes del PRI trabajen en gobiernos panistas, perredistas o de cualquier otro partido?

Nada cómodo debió de haber sido para Salvador Rizo Ayala –si es que para entonces aun estaba en el salón del Camino Real-, haber escuchado la propuesta de Eduardo Almaguer que secundó luego Francisco Morales Aceves.

Y es que Rizo Ayala es actualmente miembro del gabinete de Emilio González Márquez, a quien sin rubor alguno le aceptó ser titular de la Comisión encargada del análisis del Tratado de Libre Comercio –o algo así-, bajo el argumento de que era un reconocimiento para la CNC, de la que forma parte el priísta, y para el propio partido.

Lo curioso es que, en su momento, ningún priísta alzó la voz en contra de la decisión de Rizo Ayala. Ni Almaguer ni Morales Aceves. Tampoco nadie dijo nada cuando varios priístas aceptaron formar parte del equipo de gobierno de Francisco Ramírez Acuña.

Quizás mejor decisión tomaron quienes renunciaron al PRI –bajo cualquier pretexto- y se sumaron de inmediato a los equipos de los gobiernos panistas.

Tiene razón José Luis Monterde, quien advirtió que ya existía una comisión encargada de atender ese tipo de asuntos –la de Justicia Partidaria-, sólo que al parecer a los priístas les encanta crear comisiones para cualquier cosa, “engordando” así la burocracia partidista.

¿Para qué crear una Comisión que evite que algún militante trabaje en un gobierno de otro color?
¿Qué acaso los militantes no tienen los suficientes escrúpulos como para rechazar una invitación como ésta? ¿Qué acaso no tienen el suficiente orgullo priísta para entender que hacerlo es trabajar para el adversario?

¿Qué no basta con hacer valer los estatutos y expulsar a quien colabore con gobiernos o partidos contrarios al PRI? O, como ha sido la tónica, ¿los Estatutos sólo están de adorno?

Si nada bueno tiene crear una Comisión –que seguramente será lo mismo que la carabina de Ambrosio-, que supuestamente va a evitar que los priístas trabajen con el enemigo, peor es que habiéndoseles hecho ver el error de crear algo que ya existe –sólo que con otro nombre-, se deseche la observación sólo porque ya se había votado su aprobación.

Qué pésimo papel el de Rafael Castellanos, secretario técnico del Consejo Político, ante la observación de José Luis Monterde.

Si para Castellanos no bastó la existencia de la Comisión de Justicia Partidaria, lo mejor hubiera sido que reconociese que esta Comisión para nada ha servido en toda su existencia, pues nunca ha sancionado a cuanto priísta ha violado sus principios y sus estatutos, y que por eso se creaba otra.

Pero, ¿quién encabezará esta Comisión? ¿Quién será el valiente que siente en el banquillo de los acusados a Salvador Rizo, por ejemplo? ¿Y quién a muchos otros priístas que desde sus cargos como oposición, ya sea en los Cabildos o en el Congreso, llegan a acuerdos, negocian o son “maiceados” por los funcionarios panistas, traicionando así a su partido pero haciendo “jugosos”negocios con beneficios personales o de grupo?

Ahora no nos vayan a salir con que desconocían eso.