Gilberto Pérez Castillo
El gobernador Emilio González Márquez he elevado peligrosamente el tono de su confrontación contra el grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara.
De un simple retraso y regateo en los depósitos de las partidas que el gobierno estatal debe hacerle a la universidad, el gobernador ha empezado a hablar de negocios personales, de desviación de recursos generados por las empresas de la institución, de enriquecimiento de los integrantes del grupo universitario y hasta de amenazas de muerte.
Sin contar con un grupo de universitarios que de internamente la batalla en contra del grupo político que encabeza el exrector Raúl Padilla López, los embates del gobernador y su equipo pueden quedar en simples bravuconadas que, en el fondo, nada cambien dentro del equilibrio político universitario.
O pueden llevar a una confrontación violenta que, al final, en nada cambie la correlación de fuerzas que hoy está a favor de los padillistas.
Si Emilio González realmente tiene pruebas de negocios personales, enriquecimiento ilícito o amenazas de muerte de alguno de los funcionarios del primer nivel de la universidad, estaría sin duda obligado a presentar las pruebas y las denuncias correspondientes y llevar estos asuntos a las instituciones correspondientes.
Pero si esta confrontación sólo tiene como móvil el rencor personal, un fin partidista y electoral o una visión mesiánica del gobernador, éste está incurriendo en una grave irresponsabilidad al llevar al gobierno y a la universidad a una confrontación política que se puede salir del control.
La historia señala que en el pasado los intentos de los diferentes gobiernos de incidir en los asuntos internos de la universidad han derivado en violencia y hechos de sangre.
Por lo anterior, el gobernador está obligado a explicarle a la sociedad qué pretende con su confrontación con el grupo universitario, qué pruebas tiene para sustentar sus acusaciones y cuál es el objetivo final y real de sus actos.