Por Gilberto Pérez Castillo
Quienes están cerca del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, señalan que éste tiene una jugada guardada bajo la manga con la que habrá de cobrarse los agravios que ha recibido de los Diputados, y para el caso de que llegue a ser ratificado en el cargo.
Los agravios a los que aluden son la imposición de funcionarios y personal a la que lo han sometido los Diputados y al manoseo de este proceso de ratificación.
De darse la reforma a la Ley de Fiscalización se le otorgaría a la Auditoría Superior autonomía en su administración y gestión y se le estaría garantizando en la ley su presupuesto.
Con estas armas en la mano, de ser ratificado Alonso Godoy, despediría a todos los recomendados de los Diputados y podría entonces crear su propio grupo de trabajo con sus incondicionales.
Así se cobraría los agravios que hasta ahora, aparentemente con estoicismo, ha soportado y se cobraría venganza.
Entonces podría devolverle al Congreso las más de 400 plazas de trabajadores que están dados de alta en el Congreso pero que trabajan en la Auditoría.
El problema es que este ajuste de cuentas les saldrá muy caro a los jaliscienses.
