Por Julio César Hernández
Tras ganar sorpresivamente la nominación panista a la gubernatura, el entonces desconocido Alberto Cárdenas Jiménez puso voluntariamente sobre la mesa un compromiso que a no pocos les pareció arriesgado: en caso de ganar las elecciones, sometería su permanencia o no como titular en el Ejecutivo a una consulta ciudadana al concluir su segundo año al frente del gobierno estatal.
Concluyó el segundo año de gobierno, luego el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y aquel compromiso quedó simplemente como otra promesa más de campaña: en el cajón del olvido.
Al paso del tiempo, muchos han valorado lo que fue el sexenio cardenistas y han emitido su juicio de acuerdo a su muy particular punto de vista, según como “les fue en la feria”.
Y, mientras tanto, Cárdenas Jiménez ha saltado a cargos federales al frente de la Conafor, de la Semarnat y a la Sagarpa, tras un intento de convertirse en candidato presidencial.
Sin embargo quedó registrado aquel controvertido y no menos arriesgado compromiso de someter a la decisión popular su permanencia o no como Gobernador de Jalisco.
Esto viene a cuento porque un grupo de ciudadanos, encabezados por el empresario de la televisión por cable, Héctor Vielma, a través de la asociación civil Aplícate, se ha dado a la tarea de iniciar una movilización de información, debate y recolección de firmas para promover una iniciativa popular para que los legisladores legislen en materia de la revocación del mandato.
Hoy la ciudadanía ya tiene acceso legal a figuras como la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, por lo que se considera que es necesario incluir la revocación de mandato.
“Resulta ilógico que la sociedad deba soportar a un mal funcionario de elección popular por el simple hecho de que éste fue electo para un período de tres o seis años.
“La ciudadanía, que en el ámbito estatal tiene el derecho de elegir Gobernador del estado, presidentes municipales, regidores y diputados, debe poder también revocarles el cargo cuando no cumplan con las expectativas de quienes los eligieron”, expresó Vielma.
Habrá quienes se sorprendan por esta iniciativa ciudadana, pero debe saberse que de convertir los diputados esta propuesta en realidad, tendría vigencia para aquellos funcionarios que sean electos en los comicios del 2009, en el caso de los regidores, alcaldes y diputados, y del 2012 para el caso del Mandatario estatal.
La tarea de la agrupación Aplícate, A.C. no es nada fácil, pues primero tendrá que recabar 24 mil 500 firmas de ciudadanos empadronados (0.5% del padrón), a fin de reformar la Constitución local, La Ley de Participación Ciudadana y la Ley Electoral del Estado.
Esa es, pues, el reto de este grupo ciudadano, que de lograrlo, luego de que el Instituto Electoral valide las firmas, le pasarán la estafeta del reto a los actuales diputados que tendrán en sus manos una verdadera “papa caliente”, pues varios de ellos aspiran contender en los comicios del 2009 y quizás teman que la decisión se les revierta en su persona.
