Clemente Castañeda Hoeflich, presidente nacional del partido Movimiento Ciudadano, seguramente nunca se imaginó que el triunfo de Samuel García Sepúlveda en las pasadas elecciones de junio para darles la segunda gubernatura, podría tener un costo millonario más allá de lo que reportaron al Instituto Nacional Electoral como gastos de campaña.

Y es que ayer el Consejo General del INE aprobó imponerle al partido dos multas que en total suman 83.7 millones de pesos: 28.3 millones por permitir la triangulación de 14 millones de pesos para la campaña de García Sepúlveda y 55.4 millones por aportaciones en especie que hizo la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, y que obviamente no fueron reportados dentro de los gastos de campaña.

Sobre el primer caso, la triangulación de recursos, fue el propio Samuel García quien dio las “pistas” al revelar que había recibido apoyos económicos de sus familiares, lo que dio pauta al Partido Verde Ecologista para presentar la queja correspondiente, y se encontró con que dos empresas –Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles– le entregaron en suma 14 millones de pesos a familiares -madre y hermanos- del entonces candidato quienes, a su vez, lo habrían entregado a MC para ser destinados a la campaña por la gubernatura.

Pero además de la multa, el INE dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investigue lo que corresponda.

Respecto al caso de Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, el INE concluyó que ella ocultó la verdad sobre sus servicios de publicidad y marketing digital a través de diversas publicaciones en sus redes sociales en beneficio del candidato emecista. Además, con 1.8 millones de seguidores, ella llamó al voto a favor de García Sepúlveda durante la campaña y abanderó sus propuestas de gobierno, aunque en otras ocasiones exhortó a “votar por nosotros” como si ella también fuese candidata.

Los consejeros del INE tomaron en consideración que dado que el nombre de Mariana Rodríguez está registrado como marca, entonces estaba impedida a hacer aportaciones a la campaña de Movimiento Ciudadano. Asimismo, concluyeron que como ofrece servicios publicitarios en redes sociales, entonces lo que hace es una actividad empresarial y, por lo tanto, lo que hizo durante la campaña fue propaganda electoral al llamar a votar a favor de su esposo Samuel. Por lo tanto, cuantificaron las aportaciones de la influencer en 27.8 millones de pesos, más 60 mil más por un video llamado “Arráncate Nuevo León Rock”.

¿Alguien puede poner en duda que lo que hizo Mariana Rodríguez a favor de Samuel García fue propaganda política a través de sus redes sociales? Por supuesto que no. ¿Cuál es la diferencia entre el exhorto que hubiera hecho la esposa de Adrián de la Garza, ex candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Nuevo León, a sus posibles miles de seguidores en redes sociales a favor de su marido, y el que hizo la esposa de Samuel García, que es influencer, que su nombre es marca registrada, que tiene 1.8 millones de seguidores y que con esa etiqueta ofrece servicios publicitarios en redes sociales por los que recibe un pago? ¿Es posible creer que en estricto sentido ambas hicieron propaganda electoral en igualdad de condiciones?

Sin duda que el caso de Mariana Rodríguez y su participación como influencer en una campaña política por un cargo de elección popular, por mucho que el candidato sea su esposo, sentará un precedente en estos procesos, por lo que será trascendental la resolución que emita el Tribunal Electoral a donde llegará este caso.

Por otro lado, ¿qué decir de la triangulación de millones de pesos que se hizo para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, y en la cual el propio partido tuvo intervención? ¿Qué puede argumentarse en contra de la decisión del INE cuando está confirmado que hubo una simulación de aportaciones de personas físicas, pero cuyo dinero salió de las arcas de dos empresas privadas? ¿Cómo defenderse cuando posiblemente hubo dolo al permitir que se violentara la ley y que empresas privadas donarán millones de pesos a un candidato, pero que se simulara que fueron aportaciones personales e individuales por parte de la madre, hermanas y hermano del candidato?

Posiblemente MC también recurrirá al Tribunal Electoral, pero sin duda que no habla muy bien de un candidato que gana una elección en medio de turbios movimientos de recursos económicos y materiales que obligaron a que las autoridades electorales impusieran millonarias multas, como tampoco de un partido político, Movimiento Ciudadano, que es exhibido y sancionado por incurrir en actos ilegales durante la campaña.

Y aunque Movimiento Ciudadano pretenda victimizarse y victimizar a su gobernador electo, hay que reconocer que, en primera instancia, hay elementos para concluir que el INE tiene razón en sus decisiones. Pero los magistrados electorales tendrán la última palabra.

Al tiempo…