Gilberto Pérez Castillo

El pasado jueves 17 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó una importante resolución que pone en serio peligro el que Raúl Vargas López sea reconocido como presidente del PRD en Jalisco.

Esta sentencia resuelve la impugnación que el equipo de Marco Antonio Jasso Romo hizo de la resolución del 29 de febrero pasado en la que la Comisión Nacional de Garantías del PRD desechó el recurso con el que se pretendía anular el registro de Vargas López como candidato a la presidencia perredista.

Como se recordará, una vez vencido el plazo para que los aspirantes a la dirigencia del PRD en el estado presentarán su solicitud y los documentos que avalaban su viabilidad como tales, Raúl Vargas y otros aspirantes inclumplieron con este requisito.

No obstante lo anterior, el Comité Técnico Electoral, sin sustento jurídico, determinó ampliar el plazo para que éstos pudieran completar los requisitos.

Esta ampliación fue impugnada en su momento por Ismael del Toro, el representante de Marco Antonio Jasso.

En respuesta a este recurso, la Comisión Nacional de Garantías reconoció que en el fondo la impugnación estaba sustentada, pero se sacó de la manga una justificación totalmente fuera de lugar al considerar que la parte impugnadora carecía de legitimidad ¡por no tener interés jurídico!

Ahora, con la resolución del TEPJF, la Comisión Nacional de Garantías está obligada a emitir una nueva resolución, reconociendo el interés jurídico de la parte impugnadora, pero además deberá atender a todos los argumentos que ya había esgrimido en su resolución del 29 de febrero, en la que le daba la razón de fondo al representante de Marco Antonio Jasso.

Así, el registro de Raúl Vargas como candidato a la presidencia estatal del PRD podría revocarse, y con ello su triunfo en la pasada elección.

En el caso de que la Comisión Nacional de Garantías, en su nueva resolución, utilizará otros argumentos para tratar de sostener la candidatura de Vargas López, ésta sería fácilmente revocable en tribunales.