La fracción del PAN en el Congreso del Estado promueve una serie de reformas a la ley que regula lo relativo a la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Entre otras cosas, los Diputados Panistas pretenden eliminar dos derechos ciudadanos en materia de petición de información que no deberían pasar porque resultan ilógicas y porque castigan al ciudadano en el ejercicio de un derecho pleno que tiene.

La primera reforma que resulta inaceptable es la que pretende quitarle la gratuidad a la información que requiere el ciudadano y ponerle un costo a la misma. En este punto los Diputados parecen olvidar que el Gobierno se sostiene por el dinero de la ciudadanía y, por lo tanto, son los ciudadanos, y no los políticos ni los funcionarios públicos, los dueños de esa información, por eso simplemente no tienen porque pagarla.

Intentar quitarle la gratuidad a la información pública también genera un proceso de elitización en materia de transparencia, pues sólo quienes puedan pagar por la misma tendrán derecho real a la información pública.

La segunda reforma pretende obligar al ciudadano solicitante de información a identificarse plenamente al momento de solicitar la información. De nueva cuenta consideramos que si la ciudadanía es la propietaria legítima de esa información no debería obligarse a nadie a identificarse cuando solicita algo a lo que tiene derecho.

Además, como es lógico pensar, muchas veces quienes buscan información a través de estos canales son personas que consideran vulnerados sus derechos por alguna autoridad, entonces enterar a la misma autoridad de la solicitud de información es darle ventaja a los gobernantes por encima de los gobernados, y exponer al ciudadano solicitante a alguna represalia.

También con la obligación de identificación de los solicitantes los gobernantes pondrían en riesgo la capacidad de investigación de los Medios de Comunicación y su función de informadores sociales.

Impulsar este tipo de reformas hace ver a los Diputados del PAN como una fracción que pretende dar marcha atrás a importantes reformas que benefician a la sociedad y que ayudan a combatir la corrupción y los excesos de los gobernantes.

Además la pintan como un grupo de políticos que sostiene una visión patrimonialista de la política y del poder público al olvidar que los dueños de la información pública son los ciudadanos no los políticos.