¿Por qué aplaudimos que unos funcionarios públicos acaten la ley y por qué criticamos a otros que hacen lo mismo? ¿Por qué en unos es aceptable que escuden su actuación en lo que establece la ley por qué es condenable en otros que apelan cumplir con la ley en su toma de decisiones?
Y miren que en ambos casos el tema es de pesos y centavos. ¡Que alguien me explique…”!
Por un lado, sucede que los ocho diputados de la alfarista fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano se escudan en lo que establece la ley, lo que les permite la ley, para no solicitar licencia a sus cargos, no obstante que son o serán candidatos para las elecciones del 7 de junio próximo y que en los próximos 60 días, a partir del 5 de abril dedicarán su tiempo a andar en campaña. Pretenden “amortiguar” el aferrarse al cargo con el pretexto de que no cobrarán su sueldo (“dieta”) durante ese tiempo de campaña.
Por otro, están los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que han decidido ajustarse a la alza su salario, en función de lo que establece la ley en cuanto a que deben de ganar lo mismo que un magistrado. Y lo hacen porque asumieron el cargo ganando lo que sus antecesores, que decidieron no cobrar un monto aproximado de 30 mil pesos aproximadamente al que por ley tienen derecho pero que por pudor decidieron no cobrar ante la indignación de un sector de la población.
¿Quién obra mal y quién obra bien cuando ambas partes argumentan actuar conforme a la ley -lo cual es cierto-? ¿Por qué a los legisladores alfaristas se les critica por no separarse del cargo, aún y cuando la ley no los obliga y no obstante que aseguran que no cobrarán su salario? y ¿Por qué a los consejeros electorales se les critica port ajustarse su sueldo a la alza de acuerdo a lo que estabece la ley y cuyo monto está considerado ya en su presupuesto para este 2015?
En ambos casos, sus críticos argumentan que es cuestión de ética y moral.
A los diputados les reclaman que por andar en campaña en busca de otro cargo, difícilmente atenderán su responsabilidad y obligación de legislar. Sabedores de que, efectivamente, no cumplirán como diputados, los alfaristas pretenden aminorar el sentido de culpa y deciden no cobrar… quizás porque, efectivamente, no desquitarán su sueldo y con ello quieren “desarmar” a sus detractores.
A los consejeros electorales les reclaman que pretendan ajustar su sueldo a la alza porque se consideran que lo que ganan es más que suficiente para el trabajo que hacen y que no se justifica un sueldo tan alto. Sin embargo los consejeros, en voz de su presidente Guillermo Alcaraz Cross, aseguran que lo ético está en el cumplimiento de la ley y que en función de ello actúan.
¿Cuántas veces hemos dicho que nos damos con que se cumpla y se haga cumplir la ley? ¿Por qué ahora que diputados alfaristas y consejeros electorales toman decisiones en el marco de la ley, a unos se les aplaude y a otros se les critica? ¿Por qué a unos se les acepta y a otros se les condena?
En el caso de los diputados alfaristas la crítica se centra en que no es ético mantenerse en un cargo cuya responsabilidad no cumplirán, aun y cuando no cobren, cuando la ley también establece quiénes pueden suplirlos para, ellos sí, cumplir con su obligación de legislar.
En el caso de los consejeros electorales, creo que no podemos exigirles bajo el argumento de la ética que no cobren lo que la ley establece que cobren, independientemente de las condiciones económicas del estado o del país, si cumplen con la obligación que la propia ley les exije como árbitros electorales.
Pero no hay duda que toda esta discusión sobre unos y otros se acabaría si los principales responsables de que esto suceda toman el “toro por los cuernos”: los diputados.
Basta con que reformen la ley para que a unos los obliguen a renunciar si son candidatos y a otros a ganar un salario en función de su trabajo y responsabilidad.