El rechazo de las seis cuentas públicas por parte del pleno del Congreso del Estado tampoco tiene validez o legalidad alguna por estar enmarcadas en los acuerdos que quedaron sin efecto tras la sentencia del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que establece que la Comisión de Vigilancia no tiene facultad para regresar a la Auditoría Superior cuentas públicas con o sin observaciones, sino que es una atribución única del Pleno.
Los diputados, en esa cadena de errores cometidos o actos de irresponsabilidad en que incurrieron el lunes pasado, rechazaron las cuentas públicas 2009 de Ixtlahuacán de los Memebrillos, con cargos por 70 millones 808 mil 295 pesos; de Juanacatlán con un millón 796 mil 124 pesos; de Acatlán de Juárez con 388 mil 657 pesos; de Ojuelos con 167 mil 439 pesos; de San Ignacio Cerro Gordo con 114 mil 338 pesos; y de Pihuamo con 61 mil 950 pesos.
Sin embargo, sucede que esas cuentas públicas son las que la Comisión de Vigilancia regresó a la Auditoría Superior con observaciones, no obstante que legalmente no tenía facultades para hacerlo salvo por una instrucción del pleno que en una sesión aprobó darle esa facultad a dicha Comisión, no obstante que violaba lo establecido por la propia Constitución Estatal, la Ley de Fiscalización y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Ante la resolución del Pleno, la ASEJ recibió de la Comisión de Vigilancia dichas cuentas y aunque en algunas se redujeron los cargos y en otras quedaron como originalmente fueron dictaminadas, todos estos actos quedaron sin efecto ante la sentencia de la Sexta Sala Unitaria del l TAE con fecha del 16 de febrero de este año y bajo el número del expediente 301/2011.
No obstante, la Comisión de Vigilancia -que encabeza el ahora diputado federal electo Salvador Barajas del Toro y que parece tener interés en “cobrarle” facturas al titular de la Auditoría porque no ratificó a sus recomendados en la dependencia-, ignoró también esta sentencia, retomó estas seis cuentas públicas cuyos acuerdos a su alrededor quedaron nulos, y las presentó al Pleno para su aprobación o rechazo, siendo ésto último lo que decidieron los legisladores.
Pero al igual que el “perdón” de cargos a 11 cuentas públicas más, éstas que fueron rechazadas también quedan invalidadas por la sentencia del TAE, por lo que el Congreso del Estado deberá de reponer el proceso, ya sea aprobándolas como se las envió la Auditoría o regresárselas a ésta con observaciones.