Engañado por el presidente de la Comisión de Vigilancia y diputado federal electo, Salvador Barajas del Toro, el pleno del Congreso del Estado actuó “rayando” en el desacato al aprobar se “perdonen” los cargos a las cuentas públicas que por casi 40 millones de pesos aplicó la Auditoría Superior del Estado a once municipios en sus respectivas cuentas públicas 2009.
De esta manera, los diputados de todas las fracciones parlamentarias demostraron una vez más su ignorancia e irresponsabilidad al avalar la propuesta de Barajas del Toro de tomar en cuenta la ficha informativa que sobre éstas cuentas públicas elaboró la Unidad de Vigilancia, en la que se plantean los elementos para no fincar dichos cargos.
De acuerdo a la Ley de Fiscalización, los diputados no tienen facultades para modificar los dictámenes elaborador por la Auditoría Superior y, mucho menos, para condonar o “limpiar” cargos a cuentas públicas que hubiese fincado la ASEJ, con lo que actuaron fuera de la legalidad.
El engaño de Barajas del Toro se extendió también hasta los representantes de los medios de comunicación, a quienes el pasado lunes dijo:
“Queda claro que todas las fracciones parlamentarias y todos los diputados integrantes respaldan lo propuesto por la Unidad de Vigilancia, debido a que técnicamente sí eran solventables las observaciones de las cuentas, que el día de hoy pedimos el finiquito a la Auditoría (Superior)”.
Pero sucede que lo respaldado el lunes por “todas las fracciones parlamentarias y todos los diputados integrantes” -argumento con el que el Legislador priista pretende darle legalidad a lo ilegal-, carece precisamente de legalidad y es completamente nulo, pues la votación en contra de los dictámenes de 11 cuentas públicas con cargos por 39.6 millones de pesos presentados al pleno por la Comisión de Vigilancia, se contrapone a la sentencia dictada el 16 de febrero pasado por el Tribunal Administrativo del Estado (TAE), en el expediente 301/2011 emitido por la Sexta Sala Unitaria a cargo del magistrado Alberto Barba Gómez.
Y es que estas 11 cuentas públicas -junto con las otras seis que fueron rechazadas- son parte de las 35 que la Comisión de Vigilancia regresó a la Auditoría Superior sin estar facultado para ello, pues debió ser el Pleno del Congreso el que las remitiera y así lo asentó el TAE en la sentencia arriba referida.
Con lo anterior, quedaron sin efecto todos los acuerdos tomados antes de esta sentencia, entre ellos la ficha informativa que elaboró la Unidad de Vigilancia y que Barajas del Toro pidió el lunes pasado al resto de los diputados tomara en cuenta para rechazar los cargos a dichas cuentas públicas.
Inclusive, la propia Legislatura emitió el Acuerdo 1369 -elaborado el 19 de abril de este año- en el que deja sin efecto todos los acuerdos tomados en base a la resolución del Tribunal Administrativo referida líneas arriba.
Asimismo, no procede no sólo el finiquito que Barajas del Toro pide a la Auditoría de estas 11 cuentas públicas sino tampoco la publicación del dictamen de las mismas -necesario para elaborar el finiquito-, que el Congreso pudiera remitir al titular del Ejecutivo para su publicación, y de hacerlo éste también estaría incurriendo en una violación a la ley que podría ser atacada por la ASEJ en Tribunales.
Así, pues, todo el “teatro” realizado por el pleno del Congreso el lunes pasado, bajo la “dirección” del diputado Salvador Barajas del Toro es nulo, ilegal, no procede la “limpieza” de las cuentas públicas ni la “condonación” de los cargos a las mismas, por lo que siguen vigentes dichos cargos.