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Julio César Hernández
Para el senador Ramiro Hernández García la autoridad electoral engañó a los ciudadanos de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca al entregarles una boleta donde podrían elegir a una de las planillas ahí anotadas, sin notificarles que una de ellas (la del PRI) no tenía registro y que, por lo tanto, no participaba en la contienda electoral del pasado cinco de julio.
Ramiro Hernández subrayó que los votantes de ambos municipios tienen razón al reclamarle al Instituto Electoral del Estado (IEPC) que ellos expresaron su voluntad en las urnas a través de un documento que el Instituto -la autoridad que organiza, autoriza, imprime y realiza la elección-, puso a su consideración y en el que nunca anotó que una de las “ofertas” políticas ahí inscritas no tenía validez.
Apuntó que los ciudadanos tienen toda la razón de preguntarle a la autoridad electoral por qué les entregó una boleta con una planilla que les aclara ahora que no es válida y que es por la que votó la mayoría de ellos.
“Si la boleta hubiese llevado un sello de ‘cancelada’ sobre la planilla de candidatos del PRI, entonces la ciudadanía no podía alegar que no fue notificada y su voto sería nulo si a pesar de ello hubiese marcado el emblema del PRI”, precisó el senador jalisciense.
Indicó que lo sucedido en Gómez Farías y San Cristóbal es el más claro ejemplo de cómo una autoridad ignora a la sociedad, cómo el ejercicio de la autoridad se da al margen de la sociedad y en la que pareciera que la autoridad existe para sí mismo y no para la sociedad.
Dijo que en ambos casos lo que hizo la autoridad electoral fue resolver estos asuntos a partir de sus tiempos y de comunicarse y darse a conocer las resoluciones de unos y otros, “pero con esto no se garantizaba que lo que ellos estaban decidiendo lo conocieran los ciudadanos, y dieron por hecho que lo que ellos estaban decidiendo la ciudadanía lo conocía”.
Por lo tanto, para el senador del PRI las pasadas elecciones en Gómez Farías y San Cristóbal deben de anularse y convocar a comicios extraordinarios.
“La Constitución, dentro de las garantías individuales, le da al ciudadano el derecho soberano de elegir a sus gobernantes -apuntó Hernández García-, pero el TRIFE no puede ignorar la voluntad ciudadana y tampoco puede desconocer la facultad de la autoridad que decidió la cancelación de las planillas, por lo que tendrá que anularse la elección pasada y repetirse ambas, porque si bien el triunfo del PRI no tiene validez legal, tampoco puede pasarse por encima de la soberanía popular”.