Por Julio César Hernández

Frente a un plato de fruta, un sereno Jorge Vizcarra Mayorga alegaba con el teléfono celular activado:

“Me enteré que pidieron mi expulsión del partido, pero yo sólo te pido una cosa: que me den el derecho de defenderme, porque como yo te dije desde abril y te repetí en mayo, yo no tengo nada que ver con ningún ilícito, yo nunca he hecho nada malo…

“Yo nada más te pido que me den oportunidad de defenderme…”, reiteró a su interlocutor.

Y del otro lado de la línea estaba Eduardo Rosales, presidente estatal del PAN, quien le marcó al edil tonalteca minutos antes de que éste ofreciera ayer martes una rueda de prensa en el Club de Industriales.

Vizcarra Mayorga insistía una y otra vez en su inocencia ante el dirigente de su partido, quien apenas en ese momento le confirmaba que, efectivamente, un día antes en la sesión del Comité Estatal se había pedido su expulsión y le negaba que él hubiese dado “línea” a sus diputados para que aprobaran automáticamente la solicitud de desafuero.

Y es que a Vizcarra se le hace sospechoso que la comisión de Inspección, que preside el panista César Madrigal Díaz, pretenda despachar la solicitud de la Procuraduría de Justicia en un plazo de diez días cuando el expediente que deben conocer y analizar consta de dos mil 720 fojas.

Ya en rueda de prensa, cuestionado sobre la postura de su partido, Vizcarra Mayorga expresó:

“No me puede que me expulsen del PAN porque para ser panista no es necesario tener una credencial. Mi forma de vida, mi trayectoria es de ser panista, siempre he vigilado que el bien común se realice desde mis negocios, desde mi vida personal, y yo creo que no se necesita una credencial para ser panista.

“No he hecho absolutamente nada que avergüence al PAN y que, bueno, si ellos determinan que hay los elementos suficientes para expulsarme, bueno, ya será una decisión de ellos, pero no la mía”.

La verdad es que el “Caso Tonalá” se le descompuso políticamente a la dirigencia estatal del PAN. Nunca pudo hacer un recuento inmediato de daños, a partir del asesinato de Carlos Romo, y acabar de tajo con un asunto que, independientemente de la responsabilidad o no de Jorge Vizcarra, les costará muy caro.

Entre los panistas fue muy comentado el hecho de que ante la “rebelión” de algunos panistas en el Ayuntamiento de Guadalajara, ese día por la tarde la dirigencia estatal ya estaba pidiendo la expulsión de los “desobedientes”, mientras que en el asunto de Tonalá dejó correr el tiempo, no obstante que uno de los involucrados en el escándalo era su dirigente en el municipio y, posteriormente, el hoy aun alcalde.

Hoy la dirigencia no confía en la palabra de Jorge Vizcarra. Y tan no confía ni le cree, que bastó la solicitud de desafuero para abrirle un proceso de expulsión, con lo que prácticamente ya lo condenaron como culpable.

Menuda tarea le espera, pues, a Eduardo Rosales para recomponer las cosas al interior de Acción Nacional.