La semana antepasada, los jueces integrantes del Primer Partido Judicial fueron convocados a Casa Jalisco. Los recibió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; y el titular de la Consejería Jurídica, Adrián Talamantes. Alfaro les dio la bienvenida con un breve mensaje y prácticamente les dejó entrever que lo dicho en ese encuentro por Ibarra y Talamantes era como si fuera su voz. Y se retiró.

El mensaje que el Mandatario estatal dejó a los juzgadores en boca de sus dos representantes era del todo esperado: les recomendaba abstenerse de recurrir al amparo en contra de la reforma al Poder Judicial ya promulgada, luego de que algunos jueces y magistrados habían solicitado ya la protección de este derecho.

Posteriormente Ibarra y Talamantes se reunieron con el grupo de jueces que tienen identificado como el de los reacios a aceptar dichas reformas , a quienes les “vendieron” la idea de que de entre ellos pudieran surgir varios nuevos magistrados para cubrir las vacantes hoy existentes. Otro grupo de jueces identificados como parte de la cuota del PAN, fueron llamados por los propios panistas para recomendarles aceptar las reformas como fueron aprobadas y promulgadas.

En Casa Jalisco se resisten a aceptar que su reforma al Poder Judicial no fue bien recibida por violentar su autonomía e independencia, no obstante que su presidente Ricardo Suro Esteves encabezó al grupo de magistrados que se rebelaron con éxito en contra del acuerdo aprobado para recurrir a la Suprema Corte de Justicia y presentar la controversia constitucional.

Luego de que logró tumbar la pretensión de promover la controversia por parte de los magistrados, el Ejecutivo sigue empeñado en presionar a los jueces para que no sigan el ejemplo de aquellos que ya solicitaron el amparo de otras instancias judiciales y que lograron inicialmente una suspensión provisional como son los casos del juez Roberto Martínez y el magistrado Celso Rodríguez González.

Si algo ha irritado a Enrique Alfaro y lo ha sacado de sus casillas es el hecho de que magistrados y jueces recurran al derecho que tienen de solicitar las garantías que la propia ley les otorga contra acciones de otros Poderes que consideren son violatorios de su autonomía e independencia, así como de sus derechos adquiridos, y todo indica que no cejará en su propósito de presionarlos para que se sometan a sus decisiones y acaten la reforma promulgada dócilmente.

Sin embargo, las cosas no le están saliendo como las tenía previstas y que le fueron advertidas en su momento por dos legisladores a los que escuchó, pero no les hizo caso: Enrique Velázquez y Héctor Pizano, presidente y vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, quienes le aseguraron que con su reforma se vendría una avalancha de amparos o la misma controversia constitucional.

Hoy el Ejecutivo está a punto de perder una de sus más importantes batallas, quizás sólo sea cuestión de tiempo, porque esta historia en torno al Poder Judicial tiene aún mucho por contar.

Al tiempo…